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Consejo Gremial pide revocar exigencia de licencia ambiental para el Canal del Dique

Los gremios aseguraron que la licencia prolonga la fase de preconstrucción, lo que expone a las comunidades a inundaciones

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El Consejo Gremial de Bolívar hizo un llamado público a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para que se revoque la Resolución 322 de 2024 que exige licencia ambiental.

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Los gremios resaltaron que este proyecto es crucial para el área de influencia del Canal del Dique, y la resolución en cuestión estaría retrasando una obra que contribuye a la recuperación y prevención del daño ambiental en la región: evitará futuras inundaciones, garantizará la captación de agua para los acueductos de la región, contribuirá a la recuperación del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, a la salud de los ecosistemas y a la reducción de emisiones de CO2 mediante transporte fluvial.

Además, el proyecto generará 61,766 empleos directos e indirectos, dinamizando actividades económicas como la agricultura, la pesca y el turismo sostenible en una región que hoy presenta altos niveles de pobreza.

“El instrumento contemplado para el proyecto es el Plan Hidrosedimentológico, y su actualización, junto con un monitoreo continuo, aseguraría la sostenibilidad del proyecto y de sus beneficios. En consecuencia, solicitamos a la autoridad ambiental que haga uso de su competencia para pedir intervenciones adicionales en la fase de ejecución del proyecto en lugar de frenar el inicio de unas que obras conducirán a la restauración pasiva de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”, aseguró.

El Consejo Gremial advirtió que la Resolución 322 de 2024 prolonga la fase de preconstrucción de 18 a 30 meses, generando mayores costos para el Estado, riesgos en la viabilidad financiera del proyecto, y posiblemente demandas. “Las demoras exponen a las comunidades ribereñas a riesgos de inundaciones, como las ocurridas en 2010, y profundizan el deterioro de los ecosistemas del Canal del Dique. Esto compromete el bienestar de más de 1.5 millones de personas, y la recuperación de la biodiversidad en la región”, puntualizaron.

Cormagdalena y Ecosistemas del Dique han interpuesto recursos de reposición a la resolución 322 de 2024, y la Procuraduría General ha solicitado reiteradamente a la ANLA revocarla. A la fecha, la Agencia no se ha pronunciado, y mientras esto no suceda, no es posible solicitar los términos de referencia necesarios para la continuidad del proyecto, generando más retrasos en las obras.

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Los gremios instaron a la ANLA y a la ministra de Ambiente a reconsiderar la Resolución 322 de 2024 y permitir la ejecución del proyecto sin obstáculos. Hacemos un llamado a la ciudadanía y a la sociedad civil para apoyar esta iniciativa y así podamos asegurar un futuro sostenible para el territorio.

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