Partido Comunes señala a la JEP de “tomar decisiones con base en odio y estigmatización”
La colectividad nacida del Acuerdo de La Habana insistió en que la Justicia Especial para La Paz “está descarrilada”.
Senadores del Partido Comunes. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Duenas Castaneda (EFE)
Colombia
Los senadores del Partido Comunes, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, quienes también integraron el Antiguo Secretariado de las extintas Farc, volvieron a cuestionar la labor de la Justicia Especial para La Paz, asegurando que sus actuaciones muestran un descarrilamiento frente a su verdadero propósito: “ser el órgano de cierre del conflicto”.
“Lo que estamos reclamando es que se pongan la toga de la Paz y no que sigan tomando decisiones con base en el odio y la estigmatización. Porque ese no fue el objetivo con el que se creó esta jurisdicción”, declaró el senador Gallo.
Por esa razón, añadió además, “nosotros hemos insistido en que la JEP entienda el carácter del Acuerdo de Paz. Ellos no pueden atribuirse funciones que no les corresponden como Jurisdicción Especial para la Paz”.
En una rueda de prensa convocada en el Congreso, los exFarc presentaron unas respuestas que, vía derecho de petición, les entregó la JEP. Allí se indica que de las 4.622 amnistías solicitadas solo se han entregado 701; también que la Sección de Revisión del Tribunal no ha sustituido ninguna sanción penal y que de las 18 solicitudes de renuncia a la persecución penal, todas han sido negadas.
Por estas respuestas y producto de otras decisiones que ha tomado la JEP, los hoy dirigentes del Partido Comunes han cuestionado “con qué objetivo, por qué su empeño en dejar de lado el Acuerdo, de alterar el texto del Acuerdo, que es un documento oficial del Consejo de Seguridad, a través de sentencias de interpretación. Esto es una violación al Acuerdo”.
En paralelo se conoció que la familia del expresidente paraguayo Raúl Cubas pedirá la extradición del exlíder Farc Rodrigo Granda, frente a lo que Gallo recriminó que “la JEP deja de cumplir la función para la que fue creada, genera inseguridad jurídica para los firmantes de paz y continúa su descarrilamiento poniéndose de espaldas a la paz. Mientras tanto, se han gastado más de 2 billones de pesos sin avanzar en el cumplimiento del fin para el que fue creada: servir de tribunal de cierre para el conflicto”.
