Magdalena, cuarto departamento del Caribe con más casos de amenazas a personas LGBTIQ+
Según Caribe Afirmativo la violencia hacia personas LGBTIQ+ se evidencia en homicidios y feminicidios, violencia policial, amenazas, discriminación y hostigamiento.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo - Magdalena, cuarto departamento del Caribe con más casos de amenazas a personas LGBTIQ+
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Bandera de la comunidad LGBTIQ+
Magdalena
El Observatorio de Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ de la Corporación Caribe Afirmativo en su informe anual ‘Incontables’ arrojó que en el departamento del Magdalena se vienen presentando una serie de violaciones a los derechos humanos hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas.
Según el informe, durante el año 2023 se registraron en el país 4.310 hechos de violencia y dentro de esta cifra, en el Magdalena se registraron 6 homicidios/feminicidios de personas LGBTIQ+ y algunas de estas agresiones se dieron al interior de sus viviendas o en lugares concertados con los victimarios.
Además, “algunos casos guardan relación con panfletos amenazantes de grupos armados en zonas rurales donde la presencia de entidades estatales como la Policía y la Fiscalía es poca”, así lo señala el informe y menciona que el Magdalena es el cuarto departamento del Caribe con más casos de amenazas individuales y colectivas a personas LGBTIQ+ con 52 casos.
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Ante estas cifras, es importante mencionar que el Magdalena cuenta con la ordenanza No. 067 del 01 de agosto del 2018 que adoptó una Política Publica para garantizar los derechos y el bienestar de las personas con orientaciones sexuales e identidades de genero diversas, sin embargo, de acuerdo con Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, “se desconoce el plan de acción y la implementación de este instrumento”.
Agregó, que “a eso se le suman las pocas acciones de las instituciones para promover los derechos de las personas LGBTIQ+ provocando que se sigan reforzando los contextos de violencia por prejuicio en la región”.
EL Director hizo énfasis en que el Estado debe obligar a las instituciones públicas (Alcaldías y Gobernación) y entidades encargadas de administrar y garantizar justifica (Policía, Fiscalía) a promover y asegurar acciones para sensibilizar, generar protocolos de atención y prevención de la violencia basada en género.
