Contraloría detecta “debilidades” en licitación del proyecto de agua en Santa Marta

Santa Marta

La Contraloría le ha puesto la lupa a la licitación para la construcción del nuevo acueducto de Santa Marta y en el marco de este proceso identificó supuestas debilidades en la planeación, que pueden generar riesgos en el cumplimiento de los objetivos de este proyecto.

Recuerda el máximo órgano de control que esta una obra de gran importancia para los habitantes de esta región y señala que actualmente las fuentes disponibles, así como el sistema de abastecimiento, no proveen el caudal suficiente para abastecer de agua potable todos los sectores de la ciudad.

De acuerdo al análisis realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, se advierten en el proceso licitatorio las siguientes debilidades:

“La forma de pago planteada para la ejecución de las obras objeto de la licitación pública LP-011-2023, corresponde a pagos anuales durante 30 años, que implican una financiación del 100% a través del contratista. Aunado a esta situación, no se observa que los requerimientos financieros de la licitación presenten concordancia con la forma de pago, que suponen exigencias superiores de capacidad financiera a las de un proyecto de obra pública tradicional”, señala la Contraloría.

POSIBLES ABANDONOS DE LOS TRABAJOS

Dice que esta situación podría causar “parálisis o abandono de los trabajos por parte del contratista, por falta de liquidez para atender el flujo de caja de inversión en la etapa de construcción”.

Santa Marta está ad-portas de adjudicar el proyecto que abastecerá de agua a los samarios

“No se observa un estudio de financiamiento, que analice diferentes alternativas de crédito, para determinar la mejor opción financiera para atender la liquidez en la etapa de construcción del proyecto. Este análisis debe tener en cuenta la diferencia entre el tiempo de construcción planeada en 3.5 años y la forma de pago al contratista; pagos que se pretenden cubrir mediante disponibilidad de recursos propios y de vigencias futuras del Sistema General de Participaciones, proyectadas con un horizonte a 30 años”, referencia el documento.

Frente a este aspecto, con las condiciones actuales de licitación, “se podría estar incurriendo en una financiación onerosa a través del contratista comparativamente con otras alternativas de crédito, que no han sido estudiadas”.

¿POSIBLE INCUMPLIMIENTO?

Dado el presupuesto del contrato ($1.68 billones) y el plazo de pago de 30 años, este sobrecosto financiero podría ser de dimensiones importantes y se estaría ante un posible incumplimiento a: los principios de planeación, economía, eficiencia, eficacia que deben regir la contratación estatal.

De suscribirse el contrato en las condiciones actualmente planteadas, dice la Contraloría, se podría estar incurriendo en una presunta inobservancia a las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano en lo atinente a vigencias futuras excepcionales debido a que la Ley 1483 de 2011, en especial el parágrafo 2°, estipula que: “(…) El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma. (…)”