“No es un capricho, es una orden de la Corte”: USPEC sobre alimentación a detenidos en URI
El próximo 31 de julio la USPEC ya no prestará más el servicio de alimentación a detenidos en centros transitorios. El director (e) de esa entidad Ludwing Joel Valero, advierte que, los alcaldes y gobernadores tienen que asumir su responsabilidad
JUDICIAL
Hay alerta en la población carcelaria porque a partir del próximo 31 de julio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) dejará de prestar el servicio de alimentación para los detenidos en estaciones de Policía, URI y Centros de Detención Transitorios de todo el país.
Esa tarea le toca asumirla a las alcaldías y gobernaciones, pero no por “un capricho”, sino por una orden de la Corte Constitucional.
Resulta que en marzo de año 2022, la Corte Constitucional extendió la declaratoria del “Estado de Cosas Inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria”, y le ordenó a las alcaldías y gobernaciones que, en un plazo máximo de cuatro meses, debían asumir esa tarea y garantizar a los detenidos en estos lugares, condiciones mínimas de alimentación, acceso a baños, ventilación y luz solar suficiente, así como la separación entre hombres y mujeres, como entre menores y mayores de edad’.
Pero esa responsabilidad de los entes territoriales se prolongó.
En una respuesta a la Procuraduría con fecha de 26 de abril, la USPEC le recordó que el servicio de alimentación para esos sitios llega hasta el próximo 31 de julio, porque ese día se vencen los contratos de la vigencia 2022 y para la vigencia presupuestal 2023 no está contemplada dicha prestación del mencionado servicio.
Ludwing Joel Valero Sáenz, director (e) de la USPEC, explicó en Caracol Radio que hay una sentencia de la Corte Constitucional que se debe acatar, y los mandatarios locales y regionales deben asumir el rol que les corresponde.
“Hoy en día tenemos una situación que tiene preocupados al alcalde, al gobernador, a las autoridades, a la USPEC, al ministerio, a la misma Defensoría del Pueblo y dicen ‘¿Qué vamos a hacer?’ Los alcaldes no tienen dinero, no tienen recursos, entonces nosotros estamos hablando que se hagan unas mesas de diálogo, de concertación donde se planteen alternativas, donde se diga hasta cuándo es necesario que se haga una mitigación y a partir de cuándo los entes territoriales van a cumplir su obligación”.
A menos de un mes, la Procuraduría el pasado lunes pidió a los alcaldes y gobernadores los cronogramas de implementación para para garantizar el suministro de alimentación y para ello tienen un plazo de 10 días.
Pero ¿qué va a pasar a partir del 31 si las alcaldías y gobernaciones no tienen listo ese plan? Lo explica el director de la USPEC.
“dejar claro con los alcaldes, los gobernadores, los organismos disciplinarios y de acompañamiento como la Defensoría y la Procuraduría, con el mismo MinInterior, dejar claro a partir de qué momento se va a materializar la obligación de los entes territoriales para que no digan que se están cogiendo de sorpresa, sino establecer un término prudencial, dos o tres meses más, pero ya en esa fecha tiene qué materializarse en cabeza de los entes territoriales a no ser que haya un cambio jurisprudencial, pero hasta el momento como está planteada la jurisprudencia yo creo que habrá que buscar un término prudencial de dos o tres meses en los cuales los alcaldes, sin mayores excusas puedan hacer los ajustes presupuestales, puedan hacer sus procesos de contratación”.
La USPEC dice que son alrededor de 17 mil los detenidos, a los que presta el servicio de alimentación en estaciones de Policía, URI, y centros transitorios de todo el país y eso cuesta cerca aproximadamente $8.500 millones mensuales.
La preocupación por esta situación no solo está en las alcaldías y gobernaciones. También en el Ministerio de Justicia.
“El doctor Néstor Osuna, está muy preocupado, incluso hoy, sobre las 5 pm me trasladaré al ministerio a reunirme con el viceministro y con el director de política criminal a ver cómo planteamos esos acercamientos, esas reuniones que nos permitan entre todos solucionar el problema. Porque fácil sería decir, el 31 se acabó y que se venga lo que se venga, pero, uno no puede ser irresponsable con las personas que se encuentran privadas de la libertad”
Ahora hay que esperar hasta fin de mes pasar conocer qué va a pasar con la alimentación de los detenidos en estaciones de Policía, URI y centros transitorios.
