Con plantón exigieron a Corpoboyacá acciones contra la minería ilegal en páramo de Pisba

Tunja

Organizaciones y veedurías ambientales de municipios del departamento, realizaron plantón frente a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), exigiendo acciones contundentes para acabar con la minería ilegal que se viene adelantando en el Páramo de Pisba, así como, establecer soluciones a los problemas ambientales que ha causado el relleno sanitario Terrazas del Porvenir.

En medio de la manifestación, la líder social de Socha, Liliana Castellanos señaló que Corpoboyacá envío una circular a la alcaldesa del municipio, Zandra Bernal, donde se le daba viabilidad de cerrar más de 62 socavones ilegales que se sitúan en zona de páramo.

“Más de 500 núcleos familiares están bebiendo de esa agua residual del carbón, nosotros como municipio hacemos el llamado a las entidades, y a la alcaldesa, porque no entendemos por qué esos socavones ubicados en el Curital, Mortiño y el Alisal, no se han cerrado y están causando grandes desastres en las fuentes hídricas. Socha está lleno de acopios a menos de 100 metros de afluentes, pero al parecer hay una ley que los ampara que pueden estar ubicados a 30 metros, es ilógico que se dé una licencia ambiental”, afirmó Liliana Castellanos.

Castellanos indicó que de no actuar Corpoboyacá, se tomarán la vía nacional que conecta los municipios de Tasco - Socha.

Asimismo, agregó que no hay un avance a las problemáticas ambientales causadas por la minería; “porque, al parecer, la directora territorial de Corpoboyacá de Socha, Diana Botia Bernal con la alcaldesa Zandra Bernal Rincón son familia, son primas hermanas entonces creo que no deja avanzar un proceso muy delicado, porque ellas son conocedoras del problema en los 3 sectores. No hay entidades competentes”, puntualizó.

Por su parte, el representante de la veeduría ambiental de Tasco, Pedro Castañeda sostuvo que radicarán un derecho de petición, luego de 4 meses de haberse advertido sobre la reactivación de los socavones en el páramo, y ante la contaminación presente, afirmó que la comunidad está dispuesta a cubrir los gastos de desplazamiento de la corporación para que se adelante el cierre de las minas.

“Contamos con menos plata que los mineros pero nos sometemos a responder por dichos gastos con el fin de recuperar nuestra tranquilidad. Esperamos que con las evidencias que entregaremos, el señor director Herman Amaya se digne a tomar acciones”,  insistió el veedor Castañeda.

Ante esta situación, el director de Corpoboyacá Herman Amaya indicó que el año anterior se adelantaron 162 operativos en contra de la minería ilegal.

“Resaltar que nuestro objetivo fundamental es la protección de los páramos y del recurso hídrico, pero quién tiene la competencia de los procesos de investigación y judicialización de la minería ilegal es la Fiscalía General de la Nación. Nosotros hemos ido, encontramos los socavones, ponemos las medidas preventivas, hacemos los operativos de cierre, pero es la alcaldía municipal y la policía quien tiene a su cargo el proceso de cerrar la minería ilegal y poner en marcha los procesos de judicialización para suspender la actividad minera; nosotros en el marco de nuestra competencias visitamos, emitimos las medidas preventivas que suspenden la actividad, que en la práctica es ir, levantar un acta, hacer un concepto técnico e instalar una cinta amarilla, y un sello con una resolución firmada por la corporación que da paso a un proceso sancionatorio”, afirmó Amaya.

El director manifestó que de manera reiterada se ha solicitado el apoyo a la Agencia Nacional Minera (ANM), que es la encargada de la administración de los recursos no renovables, en este caso la actividad minera, “para que la ANM trabaje de la mano de la Fiscalía y la Policía, y comiencen los procesos necesarios para garantizar la protección de los recursos naturales”, indicó.

“Para el caso específico de los acopios, nosotros ya tenemos una resolución firme que establecen cuáles deben ser las características de operación y administración de los mismos, y lo que puedo hacer es comprometerme para que la corporación lo más pronto posible se desplace a los lugares de las denuncias y poder verificar que el ordenamiento jurídico para los patios de acopio estén cumpliendo y el que no cumpla con la normatividad ambiental, deberá ser cerrado a partir de una medida preventiva de cara a la protección de la comunidad y de recurso hídrico”, dijo Herman Amaya.

El director recordó que los patios de acopio deben cumplir con normativas como: contar con una polisombra, debe tener un jarillón, unos canales para que en temporadas de lluvia no termine el material contaminando fuentes hídricas.

“El llamado que hace la comunidad es totalmente válido y además está garantizando los derechos del páramo, necesitamos el apoyo de las alcaldías, de la Gobernación de Boyacá y del Gobierno Nacional para poder hacerle frente a la minería ilegal en el departamento, porque insisto, la corporación solo tiene una función y es emitir medidas preventivas y empezar procesos sancionatorios, que al final llegan a un fallo en el cual se establece una multa”, expresó.

El director sostuvo que han realizado en diferentes ocasiones las visitas al páramo de Pisba, sin embargo, necesitan del apoyo de las autoridades para conocer a fondo quién realiza la actividad minera ilegal y quién está comprando el carbón.