Contraloría imputa responsabilidad fiscal contra dos exalcaldes del Magdalena
La formulación de cargos va contra Edgardo Pérez Díaz, exalcalde de Ciénaga y Rivelino Mendoza Ballestas, exmandatario del municipio de Ariguaní.
Santa Marta
La Contraloría General del Magdalena notificó que, en el caso del exalcalde Edgar Pérez Díaz, se imputó Responsabilidad Fiscal a título de culpa grave por el presunto detrimento patrimonial que se origina en la celebración de un contrato de prestación de servicios por valor de $95.000.000 millones, con la Fundación Social Visión Guajira.
El órgano de control recordó el objeto de dicho contrato, el cual era servía de “apoyo a la gestión en la elaboración del diagnóstico integral del archivo municipal, actualización y ajuste de la tabla de retención documental y elaboración de instrumentos archivísticos.”.
Además de esta imputación, se siguen otros procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal en su contra, en los que el valor del presunto detrimento patrimonial asciende a la suma de $2.000.000.000, aproximadamente.
EL CASO DE ARIGUANÍ
La Contraloría también indicó que, en relación al exalcalde de Ariguaní, El Díficil, Rivelino Mendoza Ballestas, la imputación se sustenta en que el ex mandatario como representante legal de la administración municipal, al parecer, no presentó, ni canceló oportunamente las obligaciones tributarias de la entidad territorial a su cargo, contrariando lo reglado en el artículo 376 del Estatuto Tributario Nacional, generando el pago de intereses moratorios y sanciones económicas, los cuales pudieran constituir un presunto detrimento patrimonial.
Así mismo, el ente el control adelanta otros procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal en su contra, por hechos relacionados con su gestión como alcalde de Ariguaní - Magdalena, cuyo presunto daño al patrimonio público supera los $160.000.000 millones, sin perjuicio de la probable indexación a la que haya lugar.
Finalmente, “la Contraloría General del Magdalena mantiene su postura en contra de los hechos que atenten contra el recto ejercicio de la administración de los recursos del Estado, por lo que una vez más, reafirma su compromiso con la ciudadanía magdalenense, de proteger el patrimonio público”.
