Bogotá D.C.

Las fotografías y videos de civiles encapuchados disparando contra los manifestantes del paro nacional en mayo de 2021, ante la permisividad de la Policía Nacional, generaron preocupación en organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

En su momento, la Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación contra siete uniformados por el presunto delito de prevaricato por omisión y la Procuraduría General asumió poder preferente en las indagaciones.

Los hechos registrados en redes sociales ocurrieron en zonas exclusivas de Cali, específicamente en el barrio Ciudad Jardín. El único ciudadano que se identificó fue a Andrés Escobar, quien fue imputado por la Fiscalía. Esa persona explicó que solamente usó armas traumáticas en las manifestaciones.

Ahora, casi dos años después, Caracol Radio revive este oscuro capítulo del paro nacional al revelar en exclusiva varias interceptaciones telefónicas a dos personas, padre e hijo, que fueron capturadas el pasado 25 de enero de 2023 en Cali por ser integrantes de una presunta red de tráfico de armas en el Ejército Nacional.

En esas conversaciones, que fueron interceptadas en el marco de esa investigación, la Fiscalía evidenciaría la conformación de grupos de autodefensas para repeler a indígenas y jóvenes de la Primera Línea que participaron en el paro nacional, realizado durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

Asimismo, se demostraría que dichas organizaciones civiles usaron armas de fuego, fueron financiadas por terceros y que actuaron en varias zonas de Cali, una de las ciudades del país más afectadas por los bloqueos y con los mayores registros de personas muertas durante el paro, entre manifestantes y uniformados.

De igual manera, se comprobaría por primera vez, a través de interceptaciones que hacen parte de un proceso penal, que integrantes de la Policía de Cali y otros posibles funcionarios, al parecer, sabían de la conformación de estos grupos de personas y no hicieron nada para frenarlos o denunciarlos ante la Fiscalía.

¿Quiénes son los interceptados?

Se trata de Eduardo Molina Berrio, ingeniero industrial de 57 años y con una anotación judicial por homicidio en el 2015, y de su hijo de 25 años, Eduardo Molina Obando, quien sería el socio del sargento retirado Johnny Moreno, el supuesto principal comprador de municiones y granadas robadas a la Tercera Brigada del Ejército Nacional en Cali.

Caracol Radio reveló el expediente de los Molina y cinco militares más, entre activos y retirados, capturados en Bogotá, Cali y Florencia en enero de 2023, presuntos integrantes de una red de tráfico de armas al servicio de las disidencias FARC en Nariño.

9 de mayo de 2021: reuniones y plata

A las 4:13 p.m., los Molina sostienen una primera conversación telefónica donde hablan de la conformación de un ‘grupo’. Usan la palabra ‘comida’, un lenguaje secreto para posiblemente referirse a municiones y armas. Se menciona a una persona llamada ‘Lucas’.

Minutos después, Eduardo Molina Berrio concretaría con un hombre desconocido (HD en las interceptaciones) la compra de munición y de la supuesta exigencia de dinero.

En esos momentos, su hijo también estaría organizando la logística para realizar los ataques contra los manifestantes. En una charla de seis minutos, se mencionaría a su papá con el apodo de ‘viejo’ y se empieza a hablar, presuntamente, de cometer homicidios.

Luego, Eduardo padre sostiene una conversación con el que sería ‘Lucas’ para pedirle que reúna a más gente.

Entre tanto, Eduardo hijo estaría supuestamente pidiendo material de guerra para un grupo de civiles armados.

Posteriormente, padre e hijo vuelven a comunicarse y habrían concretado posiblemente la entrega de unas armas que serían de fuego.

Al caer la tarde de ese 9 de mayo, Eduardo padre vuelve a referirse sobre dinero y eleva la cifra a 28 millones de pesos.

Posteriormente, Eduardo padre sostiene al menos seis conversaciones esa noche. En una de estas menciona la palabra ‘Distrito’ (podría referirse a la alcaldía de Cali) y a personas de nacionalidad extranjera. En la conversación se confirmaría que el grupo de civiles armados está listo.

Luego, Eduardo padre habla con otra persona quien se refiere a los manifestantes como ‘indios’ y ‘guerrilleros’ que ‘nos les interesa morirse’, menciona a un señor de nombre Hernando Zuluaga y habla de unos ‘manes de billete’ dispuestos, supuestamente, a participar en esos grupos. En otra conversación también habla de más reuniones.

Por último, Eduardo Molina Berrio habría sostenido un diálogo con un funcionario de una entidad que por ahora se desconoce. Le pidió que no se metan en las actividades de ‘limpieza’ que pretenden hacer esos grupos en Cali ante las manifestaciones sociales. Aseguró que ni la Policía ni el Ejército hacen nada para ‘hacer respetar’ la ciudad.

En la conversación de cuatro minutos se habla de ‘Chipichape’, un centro comercial ubicado al norte de la ciudad.

28 y 29 de mayo: Civiles atacan. Un policía fue testigo

En la noche del 28 de mayo, Eduardo Molina Berrio llamó a una persona de apellido de Soto, al parecer, un integrante de la Policía de Cali. En la conversación de dos minutos, Molina le reclamó por su actividad en el paro nacional y le confiesa que él disparó contra los manifestantes. Se habla de ‘confandi’, que haría referencia a ‘Comfandi’, una Caja de Compensación que queda en diferentes puntos de la ciudad.

En esa fecha se cumplía un mes de las intensas protestas contra el Gobierno del expresidente Iván Duque.

Minutos después, Eduardo padre llamó a otra persona para averiguar sobre la situación de orden público en otras zonas de Cali. Ratificó que él disparó en las marchas.

Al día siguiente, el 29 de mayo, Eduardo padre habría explicado cómo fue el modus operandi de los grupos de civiles armados. Habla de disfraces y motos.

Finalmente, su hijo, Eduardo Molina Obando, recibió la llamada de una persona. Le indicó que su papá era el que habría estado disparando la noche anterior contra los manifestantes. También se confirmaría que no se usaron armas traumáticas.

Caracol Radio también encontró en las interceptaciones una llamada entre los Molina en la que opinaban sobre el entonces aspirante a la Presidencia de la República, Gustavo Petro, para los comicios del año 2022. De hecho, aseguraron que si el candidato de la izquierda llegaba al poder, ellos se irían del país.

Teniendo en cuenta que las personas interceptadas fueron capturadas recientemente por tráfico de municiones y granadas en el Ejército Nacional entre los años 2019 y 2021, presuntamente al servicio de las disidencias FARC en Nariño, la Fiscalía General determinará la responsabilidad de grupos de autodefensas en Cali que habrían sido abastecidos con municiones del Ejército para atacar la protesta social y de dónde sacaron el material de guerra.

Además, determinarán cómo fueron financiados y de dónde salió esa plata que se habla en las interceptaciones. Asimismo, se responderá por qué la Policía, al parecer, sabía de la organización de estas personas y no habría hecho nada para detenerlas, así como su posible relación con los civiles armados.