Dos aviones más fueron adquiridos por la Policía con presuntas irregularidades
Además del jet Embrader Legacy 600 tipo ejecutivo, también se compraron dos aviones ATR-42-500, con capacidad para 50 pasajeros, por 12 millones de dólares y con una empresa de Arauca que está en la mira de la Contraloría por inconsistencias en contratación.
Hace pocos día se conoció que la Policía adquirió un jet Embraer Legacy 600 de lujo, con presuntos sobrecostos y a través de un consorcio que no tendría la experiencia para este tipo de contratos. 6AM conoció que se adquirieron dos aeronaves más, por otros 12 millones de dólares, en dos contratos que tendrían las mismas irregularidades de las compras del jet.
Se trata de los contratos GRAJU 0102022 y GRAJU 0082022, suscritos con el Consorcio Alas Colombia por 6.200 USD el primero y 6.470 USD para la compra de dos aeronaves ATR 42-500.
Estos contratos se suscribieron en el marco del del Convenio suscrito entre la Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica CIAC S.A, por 200 mil millones de pesos para ampliar la flota de transporte de unidades policiales y patrullaje aéreo.
Al revisar los documentos del consorcio Alas Colombia, encontramos que está conformado en un 5% por RÍO SUR S.A.S, una empresa experta en transporte aéreo, y en un 95% por Servicios Integrales Y Asociados, EMSA, compañía que está domiciliada en Arauca y no tiene ninguna experiencia o relación con la comercialización de aviones.
La empresa EMSA tiene como actividad el comercio al por mayor de maquinaria agropecuaria y la construcción de obras de infraestructura. Pero sumado a esto, se dedica también a la venta de seguros, implementación de programas de gobiernos en línea, la compraventa, cría y seba de ganado, compra y venta de predios, el diseño de políticas públicas para todos los sectores, entre otras actividades que no tienen relación con la aviación.
El representante legal de esta empresa es Pablo Andrés Rojas, un joven que vive en Arauca y que según su hoja de vida, se ha desempeñado como conductor de camión, cajero en una bodega de alimentos, ayudante y en asistencia de servicio al cliente. Pero también cuenta con experiencia como representante legal de varias empresas, la mayoría de ellas son fundaciones sin ánimo de lucro y que cuentan con decenas de contratos en el departamento de Arauca.
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Lo curioso del asunto es que Pablo Andrés Roja, trabajó como bodeguero en la empresa de distribución de alimentos STARMARK STM S.A.S, cuyo representante legal es Juan Carlos Manosalva Carvajal, conocido como el “zar de la contratación en Arauca”, cuyo nombre ha salido involucrado en diversos escándalos.
Juan Carlos Manosalva Carvajal era precisamente el representante legal del contrato por $30 mil millones de pesos para la construcción del Centro de Rehabilitación funcional del Batallón de Sanidad Batallón de Sanidad CRF Basan, en el Cantón Caldas de Bogotá, a través de las empresas Inversiones Kambiar SAS, e Ingeniería Negocios y Servicios SA, que se convirtió en un elefante blanco.
Su nombre también estuvo involucrado en el escándalo por la pérdida de $16.000 millones del contrato para la construcción del Gaula en Arauca, que según publicaron en el medio Voz de Cinaruco, se perdieron en fiestas, compra de fincas y casas y pagos de compromisos con el exgobernador Ricardo Alvarado, procesado por presuntos vínculos con el ELN.
En Caracol tratamos de comunicarnos con Pablo Andrés Rojas pero al indagarle por este contrato por la compra de aviones cortó la comunicación.
