Aún falta mucho para conocer la verdad: Mariela Barragán sobre el exterminio a la UP
La directora de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y exesposa del candidato presidencial de la Unión Patriótica, contó cómo recibió la condena de CIDH a Colombia.
Mariela Barragán, ex esposa del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa.
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Bogotá. Octubre 13 de 2022. Encuentro nacional en conmemoración a la memoria de las víctimas del partido político UP (Unión Patriótica). Foto: (Colprensa-Mariano Vimos).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en las últimas horas, responsable al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes. De acuerdo con el órgano internacional, la nación debe asumir la culpa por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes de dicha colectividad, a partir de 1984 y por más de 20 años.
Esto, luego de que entre las décadas de los 80 y comienzos de los 90, Colombia fuera testigo de cómo el crimen organizado en alianza con sectores políticos y de agentes del estado se propusieron acabar con el naciente movimiento político.
Bernardo Jaramillo Ossa fue una de las figuras de la UP, que cayó víctima de las balas, el 22 de marzo de 1990, luego de que un sicario le disparó mientras pretendía tomar un vuelo hacia la costa norte.
Meses antes de su asesinato, Jaramillo había retornado al país tras un breve exilio por motivos de seguridad. Su confianza en que Colombia era segura para él y sus seguidores lo motivaron a buscar en las urnas la Presidencia del país.
Sin embargo, dos disparos en el estómago y otros dos en el tórax le causaron la muerte. Los integrantes de la UP salieron a las calles para rechazar ese y los otros asesinatos de sus compañeros.
Mariela Barragán, ex esposa del candidato presidencial y directora de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en 10Am Hoy por Hoy, aseguró que siente conmovida por el fallo y es una medida histórica para que nunca se vuelvan a repetir esos actos en Colombia.
“Son sentimientos encontrados, estoy muy conmovida, después de 33 años que cumple la muerte de Bernardo que la Corte se pronuncia. Conmovida porque es una decisión que le deja muchas enseñanzas a los jóvenes, que estas cosas o actuaciones de ciertas personas nunca más deben pasar en Colombia y nunca más se deben permitir. Las generaciones futuras tienen que tener un mejor corazón, ser más tolerantes y menos violentas”, aseguró.
Así mismo, dijo que, “aún falta mucho camino para conocer la verdad de cuales fueron los actores intelectuales de este hecho... asesinaron a un joven que podía darle mucho a este país. Fueron más de 6 mil miembros, miles de familias que dejaron sin sus seres queridos y con un dolor profundo. Eso nunca se cura”.
En la conversación, recordó que, “Bernardo era uno de los hombres más amenazados de Colombia. Nosotros teníamos que dormir con hombres dentro y fuera de la casa y aún así fue asesinado por miembros del estado colombiano”.
Dijo que ella y el dirigente político sabían en ese entonces que “eran miembros del estado y terratenientes, los que financiaban el aparato de la muerte, que tenían complicidad con gente de la sociedad civil... Sin embargo, Bernardo murió haciendo lo que tenía que hacer, él creía en la causa”.
Barragán hizo un llamado a la sociedad para aprender de los errores del pasado y proteger a los líderes.
A su voz se sumaron más de 300 víctimas que se reunieron en el Centro de Memoria en Bogotá, para celebrar la decisión y resaltar que a pesar de que los daños no tienen cura, se sienten satisfechos por el respaldo y el método de reparación descrito en el fallo.
“El reconocimiento de la Corte es definitivo para tener un cierre en este proceso, esto servirá de base, de fuerza, de jurisprudencia para todas las masacres que se llevan a cabo aún en el país:” sostuvo María Eugenia de Antequera, víctima del genocidio.
Por otro lado, añaden que las distintas jurisdicciones del Estado, han recolectado material probatorio referente al caso de la UP, y algunas de ellas, no se han puesto a disposición del proceso respecto a los testimonios de paramilitares, refiriéndose a quienes habían sido los financiadores de varias masacres; por lo que solicitan un avance significativo en las investigaciones. De manera que hacen un llamado al sistema de justicia de que toda la información archivada sea reintegrada y así atribuir responsabilidades e imponer sanciones.
Para más información escuche la entrevista completa en el audio.