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Contraloría Distrital: Cementerios se podrían quedar sin servicios de gas y agua

La suspensión del servicio de gas genera problemas para la cremación de los cuerpos en los cementerios.

Este lugar se encuentra ubicado en el centro de la capital colombiana y es considerado como el cementerio más antiguo de la ciudad, fue abierto en 1836, entre sus paredes a punto de caerse y los callejones con tumbas abandonadas, suelen esconderse historias de brujería y apariciones.

Este lugar se encuentra ubicado en el centro de la capital colombiana y es considerado como el cementerio más antiguo de la ciudad, fue abierto en 1836, entre sus paredes a punto de caerse y los callejones con tumbas abandonadas, suelen esconderse historias de brujería y apariciones.

Bogotá

Debido al escándalo de los contratos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la Contraloría de Bogotá inició la visita fiscal a los cementerios distritales empezando por el Cementerio Central. Lo que se sabe hasta el momento es que hay irregularidades aproximadamente de 1.200 millones de pesos que podrían ascender a los 40 mil millones.

“La deuda que tienen es de más o menos de 230 millones por servicios públicos entre el gas y el agua. Algunos están suspendidos. Además, se deben 1.000 millones de pesos en vigilancia, nómina y actividades operacionales en los cementerios”, afirmó Gonzalo Sierra, subdirector de Servicios Públicos de la Contraloría Distrital.

Además, Sierra reveló que la empresa de gas Grupo Vanti suspendió el servicio en el cementerio de Chapinero, afectando el proceso de cremación de los muertos.

“En la visita que realizamos el día de hoy nos enteramos que el día de ayer cortaron el servicio de gas en el cementerio de Chapinero. Al traer cuerpos a ese cementerio, ya no podrían cremarlos ahí y tocaría trasladarlos a otros cementerios. Eso es gravísimo para la ciudad y competencia de la Secretaría de Sauld”, precisó Sierra.

Esta visita fiscal durará 30 días y, después de esto, se decidirá si se abre una indagación preliminar para determinar qué pasó con los contratos de UAESP  que podrían afectar casi 40 mil millones de pesos provenientes de los recursos públicos de la ciudad. Es decir, del bolsillo de los ciudadanos.

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