“Era una empresa criminal”: fiscal imputa cargos en escándalo de Idesan
El organismo investigador acusó a los cuatro capturados de tres delitos por el desembolso irregular de $3 mil 800 millones.
Fiscal acusa a implicados en escándalo del Idesan
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Imputan cargos a capturados por escándalo en Idesan
Bucaramanga
La Fiscalía imputó cargos por los delitos de urbanización ilegal agravada; concierto para delinquir y estafa agravada contra los cuatro capturados por el escándalo de los créditos otorgados desde el Instituto de Desarrollo de Santander, Idesan a una constructora que terminó estafando a centenares de personas que buscaban comprar vivienda en Girón y Floridablanca.
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La delegada del organismo investigador reveló que el exgerente del Instituto de Desarrollo de Santander, Idesan, Gilberto Mendoza y las otras tres personas detenidas el domingo cometieron irregularidades cuando aprobaron préstamos por $3 mil 800 millones a una empresa llamada Procosán que iba a efectuar 5 proyectos urbanísticos en el área metropolitana de Bucaramanga.
De acuerdo con la fiscal, el comité encargado de aprobar los créditos pasó por alto que la urbanizadora no reunía los requisitos; por ejemplo, no presentó los planes parciales y las licencias de construcción. A pesar de que uno de los implicados, Hermes Fernando Rico llamó la atención, él y los otros miembros de la instancia que evaluaba la concesión de los préstamos, determinaron que podía efectuarse el desembolso de los recursos.
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La otra novedad que se conoció en la audiencia concentrada fue el monto de la estafa a quienes se interesaron en los proyectos de Procosán. La empresa timó a mil 454 familias que entregaron unos $32 mil millones. Los proyectos eran Ciudad Jardín, Los Rosales y Bosques del Carrizal en Girón y Juan David Uno y Dos en Floridablanca.
“Omitieron de manera dolosa las normas para el estudio del crédito”, aseguró la fiscal en la audiencia de imputación de cargos que se efectúa de manera virtual.
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Junto al exgerente del Idesan fueron capturados Hermes Rico, responsable de la oficina jurídica; Jorge Enrique Gualdrón Martínez y Shirley Castro Rojas, excontratistas.
