Escándalo: expedientes perdidos y desacato enredan a exjuez militar

Bogotá D.C.

El 5 de octubre de 2022, el director de la Unidad Administrativa de la Justicia Penal Militar y Policial, José Reyes Rodríguez, declaró insubsistente a la juez Francy Helena Castaño y la sacó del despacho 186 de esa jurisdicción en Bogotá. Múltiples investigaciones en la Fiscalía hacían insostenible su cargo.

Caracol Radio tuvo acceso exclusivo a documentos y reportes de la Procuraduría y la Secretaría de ese despacho que evidenciarían serias irregularidades cometidas por Castaño, quien trabajaba desde la estación de Policía de la localidad de Teusaquillo.

Entre las falencias está la posible pérdida de expedientes sobre homicidios que habrían cometido integrantes de la Fuerza Pública e investigaciones contra oficiales de alto rango de la Policía, así como presuntas mañas en el reparto de procesos que ni siquiera le correspondía investigar.

¿Homicidio investigado como abuso de autoridad?

Elvis Vivas, de 24 años, fue asesinado en el municipio de Madrid, Cundinamarca, cuando participaba en las marchas del Paro Nacional. Los responsables serían policías que lo habrían torturado en una estación. El joven falleció días después en un hospital en mayo de 2021.

Caracol Radio tiene en su poder un reporte de septiembre pasado, elaborado por el procurador delegado, Jorge Mora, en el cual se advierte que la muerte de Vivas era investigada como abuso de autoridad y no como homicidio en el despacho de la exjuez Castaño.

Para el Ministerio Público es un hecho sorprendente y contrario a la actuación judicial. Además, alerta que ni siquiera encuentra el expediente original en el Palacio de Justicia Militar en Puente Aranda. La Fiscalía General ya investiga esta situación desde el pasado 17 de mayo porque, según la Dirección de la Justicia Penal Militar, un funcionario administrativo habría interferido en el proceso.

En ese momento, Fabio Espitia era el jefe de esa jurisdicción. Le enfatizó al procurador Mora que “ni esta Dirección, ni otra dependencia de la entidad han intervenido en ningún reparto”, refiriéndose a los procesos en los despachos de Justicia Penal Militar y Policial. Es más, Espitia solicitó al procurador que si en algún expediente aparecía un documento firmado por él, le avisara para interponer la correspondiente denuncia penal.

La mamá del joven asesinado, Johana López, manifestó su rabia e indignación por las trabas en la investigación en ese despacho, que revela Caracol Radio. Pide justicia, verdad y reparación. “Me parece una falta de profesionalismo. Para mí, se dejó comprar directamente de las personas que asesinaron mi hijo. No veo otra razón. En esa Justicia son policías juzgando policías”, dijo.

Contó que tras la muerte de su hijo Elvis, ha sido un año y medio difícil para ella y toda su familia. “En mí todavía no ha habido un duelo tranquilo, porque vivo con mucha impotencia y rabia. No soy capaz de pasar por la estación donde asesinaron a mi hijo y no tolero ver a ningún policía”, señaló.

El abogado de la familia, Marlon Díaz, indicó a Caracol Radio que desconocía que la Justicia Penal Militar tenía un expediente por el homicidio de Elvis, solo sabía de la investigación que está adelantando la Fiscalía, que tampoco es que tenga muchos avances. “El único protocolo de necropsia, los testimonios y demás se han hecho en la Fiscalía General. No entiendo qué trascendencia pueda tener ese expediente de la Justicia Penal Militar. Le haré una petición formal a la fiscal de conocimiento para que pida que le remitan copias de lo que tengan allá”, aseguró.

Investigación contra coroneles no aparece

El mayor Carlos Andrés Mosquera Palomino fue designado como juez encargado del despacho 186 cuando Francy Castaño salió a vacaciones en septiembre pasado. Solicitó a la secretaria un reporte de los casos que se estaban manejando, pero se dio cuenta que en la sede oficial de Puente Aranda solo había fotocopias y se desconocía el paradero de los cuadernos originales.

En un informe que rindió Mosquera Palomino el pasado 21 de septiembre sobre los hallazgos en el despacho 186, que conoció en exclusiva Caracol Radio, se evidenció que en la Secretaría no hay expedientes sobre el presunto delito de abuso de autoridad por el que están siendo investigados cuatro coroneles.

Según pudo establecer Caracol Radio, la indagación preliminar con número de radicado 1400 empezó en 2021 y llegó al despacho de la exjuez Castaño. No se conoce en qué zona del país ocurrieron los hechos o el caso concreto y detallado porque el cuaderno original del proceso, por ahora, no aparece.

Como sindicado aparece el recién posesionado director de la Unidad del Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo Esmad), coronel José Luis Ramírez Hinestroza. Fue recomendado para ese cargo por el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria. “Es una persona preparada durante varios años y, aparte de eso, tiene la capacidad de empatía. Sé que va a lograr un buen trabajo con los policías y comunidad”, dijo en su momento desde el Congreso el general Sanabria.

También figuran en la investigación la recién posesionada directora de Sanidad Policial, la coronel Sandra Patricia Pinzón Camargo, con 26 años de servicio en la institución, y el coronel Faxir Ramírez Horta, retirado del servicio con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño y exjefe del esquema de seguridad del expresidente Pastrana.

Y otro coronel involucrado está identificado como Restrepo Moscoso, cuyo nombramiento como comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta se cayó a última hora. Los cuatro coroneles fueron seleccionados en diciembre de 2021 al curso de ascenso para convertirse en Brigadieres Generales de la Policía.

Expedientes que no debía conocer

Según el marco de competencia territorial y funcional del juzgado 186 de Instrucción Penal Militar, la exjuez Francy Castaño debía manejar casos de Bogotá, pero resulta que el procurador delegado, Jorge Mora, encontró que al menos tres procesos de otras regiones del país cayeron directamente a su despacho, al parecer, por posibles irregularidades en su reparto.

El primero tiene que ver con los homicidios de Carlos Ricaurte y Gerson Morales Torres, en Alcalá, Valle del Cauca, el 11 de enero de 2020. Eran, según el partido Comunes, firmantes de paz. Por estos hechos fueron vinculados a la investigación el teniente Darwin Villa Gamez, el subintendente Milton Robles Cano, el patrullero Fredy Rico Ruiz y una cuarta persona identificada como Henry Parada Ramírez.

El segundo proceso es sobre los asesinatos de dos personas, entre ellas el campesino Winston Preciado Cortés en Tumaco, Nariño, que fueron reportadas como supuestos disidentes FARC. Al teniente José Ernesto Revelo Obando se le abrió una investigación en su contra.

Y el último, los homicidios de dos personas en el municipio Sabana de Torres, en Santander. Todos los casos tienen en común que integrantes de la Fuerza Pública estarían implicados. Los expedientes originales no están o se habrían perdido en ese juzgado penal militar y policial, según la Procuraduría.

Arresto por desacato judicial

William Adenis Lancheros Casas demandó una presunta falsedad en documento público en actas de la Policía Nacional en las cuales se notificaba que él no había sido seleccionado para realizar el curso de ascenso de Mayor a Teniente Coronel y su posterior retiro de la Institución.

Lancheros cuestionó que, en el año 2017, a dos uniformados sancionados disciplinariamente por la Procuraduría General sí se les diera el aval en la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para realizar dicho curso.

Según los peritos, a petición de Lancheros, las actas sí habrían sido alteradas, en concreto, las últimas páginas donde estaban las firmas del ministro de Defensa de ese año, el señor Luis Carlos Villegas, y algunos generales de la Policía que fungían como secretarios.

La demanda por estas presuntas irregularidades se radicó en la Justicia Penal Militar y Policial y, aunque quedó en un despacho diferente, la exjuez Castaño pidió el expediente porque, según dijo, ella tenía primero otras demandas similares por ese hecho. En total, agrupó cinco procesos en un paquete con el número 1293.

Cinco años después, en enero de 2022, la exjuez archivó todo de manera irregular sin notificarle a Lancheros la decisión. “Solicité que me aceptara como parte civil en el proceso y así aportar nuevas pruebas, pero la exjuez me dijo que no se podía porque ya estaba archivado. Ahí me enteré de eso”, contó Lancheros a Caracol Radio.

Por eso Lancheros emprendió una batalla judicial. Solicitó revocar esa decisión y desempolvar la investigación, además pedía conocer el expediente completo. Sin embargo, la exjuez Castaño nunca accedió y mantuvo la decisión de mantener el caso cerrado.

El último recurso fue una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá que ganó Lancheros. Ordenaba a la exjuez Castaño revivir las investigaciones; admitir, inadmitir o rechazar, según considerara, las peticiones de Lancheros; permitir el acceso al expediente y notificarlo de las decisiones.

La exjuez no cumplió con esa orden y se le abrió un incidente de desacato que no apeló, por lo que, según conoció Caracol Radio, quedó en firme la sanción de tres días de arresto y una multa de un salario mínimo legal vigente.

Caracol Radio pudo establecer que la Fiscalía abrió otra investigación por prevaricato por acción contra la exjuez Castaño por presuntas irregularidades en este episodio.

“Busco que se investigue y se haga justicia. Soy víctima de este despacho 186, desgraciadamente, por todas estas actuaciones dilatorias y contrarias a derecho”, aseguró William Lancheros a Caracol Radio, quien prestó 23 años de servicio en la Policía Nacional y luego de su salida de la institución se graduó como abogado.

“A raíz de todas estas situaciones irregularidades y violación a mi persona como tal, estudié derecho e inicié mi defensa judicial para limpiar mi buen nombre, porque si bien fui retirado de la Policía por una facultad discrecional, por un llamamiento a calificar servicios, raya contra el principio de legalidad que se debe garantizar la justicia y la administración de este país”, concluyó Lancheros.

El despacho 186 al fin cumplió el fallo del Tribunal de Bogotá, una vez fue declarada insubsistente Francy Castaño, pero le entregó a Lancheros una copia de la copia del expediente, porque el original reposaba en la estación de Policía de Teusaquillo.

Actualmente la investigación está reabierta en el Tribunal Superior Militar, mientras que la demanda por otra presunta falsedad en documento público en el acta que retiraba a Lancheros de la Policía en 2018 está en la Corte Suprema de Justicia porque involucraría a personas aforadas.

Estación de policía como despacho judicial

La exjuez Castaño realizó todas las diligencias en la estación de Policía de Teusaquillo en Bogotá durante años. Los expedientes originales estaban allá custodiados por uniformados, que la ayudaban a entregar notificaciones judiciales por medio de correos no oficiales de la Justicia Penal Militar y Policial.

Para la Procuraduría, eso es ilegal, porque el único lugar oficial es el palacio de la Justicia Penal Militar ubicado en la localidad de Puente Aranda, occidente de la capital. La misma secretaria del despacho advirtió una supuesta manipulación en los procesos y pérdida de varios expedientes.