Condenan a la Policía por destruir cultivos de palma con glifosato
El Consejo de Estado determinó que en esa región de Nariño no había cultivos ilícitos para fumigar.
Imagen de referencia. Cortesía: Colprensa/archivo(Colprensa: Archivo.)
Bogotá D.C.
La Policía Nacional deberá pagar más de 450 millones de pesos a la empresa Salamanca Oleaginosas S.A., por haber destruido 8.280 palmas de aceite sembradas en 72 hectáreas durante una fumigación con glifosato, que se adelantó en Tumaco, Nariño, en el año 2011.
Resulta que la Dirección Antinarcóticos de la Policía se negó a pagar la compensación de los daños, porque en los predios existían cultivos ilícitos de coca mezclados con matas de plátano, según la visita de verificación y el concepto emitido por el grupo interdisciplinario.
Sin embargo, la empresa alegaba que existió una violación al debido proceso porque no se le informó ni se le permitió participar o controvertir dicha visita de verificación, que fundamentó la decisión de fumigar con el potente químico.
Indicaba que los actos de la Policía estaban falsamente motivados, pues los predios estaban cultivados con palma de aceite, no existían cultivos ilícitos y no se indicó qué funcionario de la empresa demandante atendió la visita de verificación que mencionaba la Dirección de Antinarcóticos.
La Institución policial negó las afirmaciones de la empresa y se ratificó en su decisión. Concluyó que los daños eran atribuibles a la “culpa de la víctima” porque en los predios de la sociedad palmera existían cultivos ilícitos.
Esta situación llevó a Salamanca Oleaginosas S.A. a instaurar una demanda para exigir una reparación económica por la pérdida de 72 hectáreas de palma de aceite.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño determinó que, además de haberse demostrado que no había cultivos ilícitos en el lugar, se comprobó que en este proceso se violó el derecho a la defensa a la empresa palmera. La decisión fue apelada por la Policía Nacional.
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Ahora, el Consejo de Estado ratifica el fallo y ordena el pago de 450 millones de pesos a la empresa como reparación a la pérdida de sus cultivos.
“Cuando se adelantó la visita de verificación sobre el área asperjada, no se le permitió a la accionante acreditar la inexistencia de plantas de coca. Además, tampoco se tuvo en cuenta la visita ocular por medio de la cual la oficina de Desarrollo Rural del Medio Ambiente ‘Umata’ de Tumaco, que constató que no existían cultivos de origen ilícito”, indicó el alto tribunal.
