El Estado deberá pagar millonaria indemnización a víctimas de la masacre La Cabuya

Por orden del Consejo de Estado, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional deberán pagar 7.700 millones de pesos, por su responsabilidad en el desplazamiento forzado de los habitantes del caserío La Cabuya, en Arauca, que se vieron forzados a huir tras la masacre de siete personas ocurrida en noviembre de 1998 y en la que participaron algunos uniformados.

Cada una de las víctimas deberá recibir 50 salarios mínimos mensuales vigentes, y el Ejército deberá construir un monumento con la memoria de lo ocurrido.

“Un monumento en un sitio de amplia visibilidad del caserío, que contenga la inscripción “EN MEMORIA, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 1998, PARA QUE LAS GENERACIONES POSTERIORES NO SUFRAN LAS TRAGEDIAS DE OTRA EDAD”, aseguró el Consejo de Estado.

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Decisión que se tomó tras una demanda que interpusieron las familias afectadas en contra de las entidades, al considerar que “las actuaciones de la Fuerza Pública tuvieron consecuencias en la ocurrencia de los hechos y que, por esa razón, debían ser reparadas por el Ejército y el Ministerio de Defensa”, puntualizó la alta Corte.

Además, los demandantes aseguran que la masacre fue ejecutada de forma conjunta por militares y paramilitares, obligando a los pobladores de la vereda a salir de sus viviendas.

Esto se dio gracias a que un miembro de la comunidad fue detenido por el Batallón de Contraguerrillas No. 25 'Héroes de Paya', por ser sospechoso de recaudar extorsiones para la guerrilla, pero en realidad eran recaudos de contribuciones voluntarias a los conductores de los vehículos que pasaban por el sector.

“Sin embargo, los militares interpretaron esa actuación como una acción extorsiva a favor de la insurgencia, y de ahí su detención”.

Días después esta persona fue liberada y en el escenario de la masacre ocurrida el 19 y 20 de noviembre de 1998 se convirtió en uno de los siete muertos, creando pánico en la comunidad.

Ahora bien, se determinó que si hay incumplimiento de las órdenes impuestas por el Consejo de Estado, la Procuraduría deberá iniciar las averiguaciones y medidas disciplinarias que sean necesarias.