En Arauca se han desplazado a diario 38 personas por la violencia
La cifra corresponde a 2022, cuando se encrudeció la violencia entre disidencias de las FARC y el ELN.
La Defensoría del Pueblo volvió a advertir sobre el desplazamiento forzado y el confinamiento de la población en el departamento de Arauca, desde el pasado 2 de enero, cuando empezaron las confrontaciones entre las disidencias FARC y el ELN por el control del narcotráfico de la región.
El jefe de esa entidad, Carlos Camargo, rechazó el asesinato de dos niños de 5 y 8 años por parte de las disidencias FARC en la noche del Domingo Santo, cuando la camioneta en la que se movilizaban entre Tame y Puerto Rondón fue atacada con armas de fuego. En ese hecho, 2 adultos también fueron asesinados y cinco resultaron heridos.
“Que las acciones de los violentos acaben con la vida de niños inocentes no puede seguir ocurriendo”, aseguró el Defensor del Pueblo, quien hizo un llamado “a la no revictimización por parte de las autoridades”, pues el levantamiento de los cuerpos fue hecho por los mismos familiares, líderes comunales y una funeraria.
De acuerdo a las cifras de la Registraduría, ya son 146 los homicidios que se han reportado en lo corrido del año en Arauca, de los cuales 5 eran líderes sociales.
“Hemos evidenciado que desde el 13 de marzo se ha agudizado la vulneración de derechos humanos en las comunidades de Arauca en medio de las confrontaciones entre el Eln y facciones disidentes de las Farc, que han manteniendo en confinamiento, amenaza y riesgo de desplazamiento a los habitantes de 14 veredas de Puerto Rondón, 17 en Tame, 15 en Arauquita y 9 en el municipio de Arauca”, reportó Camargo.
Carlos Camargo advirtió que el riesgo para la población civil sigue siendo alto y pidió seguir las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas que siguen vigentes en el departamento.
Finalmente, reiteró su llamado a los actores armados ilegales a dejar por fuera del conflicto a la población civil y a permitir el acceso a misiones humanitarias en el territorio pues siguen existiendo amenazas en contra de líderes sociales y de la comunidad en general por retenciones y desapariciones.
De la misma forma a las autoridades locales a diseñar planes de acción para atender a las comunidades confinadas y desplazadas, pero además a incrementar la presencia de la Fuerza Pública.