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CIDH estudiará relación entre Estado y paramilitares en asesinato de líder

Se trata de Oscar Darío Soto Polo, dirigente sindical, que fue asesinado hace 21 años en Montería, Córdoba.

Imagen de referencia / Colprensa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el informe de admisibilidad del caso de Óscar Darío Soto Polo, asesinado el 21 de junio de 2001, en cumplimiento de una orden dada presuntamente por la cúpula de las autodefensas de Córdoba al mando de Salvatore Mancuso.

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Moisés Meza, coordinador del área de litigio internacional de la Comisión Colombiana de Juristas, expresó que la admisión de este caso demuestra que existen elementos suficientes para analizar la responsabilidad del Estado en este crimen.

“Sin duda la CIDH deberá realizar una análisis de lo que consideramos que se encuentra demostrado a nivel interno y es la relación entre paramilitares y agentes Estatales para perseguir e intentar contra la vida de los sindicalistas en este país” señaló Meza.

Óscar Darío era presidente de la seccional Montería del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Bebidas de Colombia (SINALTRAINBEC), y estaba afiliado al Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). También trabajó como operador de la embotelladora Román, que procesaba bebidas de la marca Coca-Cola en Colombia.

La CIDH manifestó que estudiará la vulneración de los derechos a la vida, la integridad personal, garantías judiciales, libertad de asociación, protección a la familia y protección judicial.

“Lo CIDH estableció en este informe que el Estado incumplió con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, particularmente a los agentes Estatales” expresó el jurista de la CCJ.

Además, el organismo internacional estudiará la vulneración a los derechos del niño, ya que Oscar Darío se encontraba con su hija de 8 años, cuando dos sicarios que se movilizaban en una moto le dispararon.

Ahora que la CIDH admitió el caso se analizará si hubo vulneraciones a los derechos humanos y se decidirá si se declara la responsabilidad del Estado colombiano.

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