Oposición anuncia que demandarán la ley de seguridad ciudadana

Después de que el presidente Iván Duque sancionara esta norma el día 25 de enero, la oposición denuncian que es una ley regresiva frente a las políticas criminales y que esta es una propuesta de populismo punitivo que le da paso a una ola de violencia en el país. “Es una norma contra natura y por ello vamos a ir a la Corte Constitucional para que se revisen esa cantidad de artículos que, desde nuestro punto de vista, pueden constituir una grave violación de derechos humanos” afirmó el candidato a la cámara de representantes Alirio Uribe en conversación con Caracol Radio.

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Los puntos destacados de esta norma son los endurecimientos de penas para homicidios contra uniformados, penas para quienes obstruyan la labor de la fuerza pública, el uso de armas en legítima defensa ante situaciones que lo ameriten, entre otras.

“Se van a llenar las cárceles porque no hay un aparato judicial, ni penitenciario que pueda soportar, por ejemplo, que se cree un nuevo delito penal por el porte de armas blancas que siempre tenga detención preventiva. El código de policía aplica miles de multas cada año por este tema” sostuvo el representante.

Esta demanda la apoyan partidos como Colombia Humana, Alianza Verde, MAIS Y Polo Democrático.

Lo que opinan los expertos

De acuerdo con Beatriz Molina, counsel y experta en el de Derecho Penal de CMS Rodríguez-Azuero, en primer lugar, esta ley contribuye aún más a la “sobreproducción legislativa” en materia penal, en donde todos los años el Congreso de la República expide decenas de leyes que modifican el Código Penal, casi siempre, buscando aumentar las penas o crear delitos nuevos.

En segundo lugar, esta ley busca que las autoridades tengan más herramientas para garantizar el orden público y proteger los derechos de la ciudadanía que se ve afectada por las conductas vandálicas desarrolladas durante las protestas. Sin embargo, para Molina, “si bien esta ley busca tener un efecto favorable para la seguridad ciudadana, puede terminar ocurriendo lo contrario, pues al disponer de normas como la legítima defensa privilegiada, los enfrentamientos entre ciudadanos se pueden tornar más violentos y fatales”, aseguró.

Así las cosas, bajo el criterio de Molina la solución no es aumentar las penas, ni imponer medidas de aseguramiento cada vez que alguien cometa un delito, sino que el Estado debe concentrarse en crear políticas públicas que realmente sean eficaces para prevenir la criminalidad; políticas que deben ser enfocadas en la educación, como uno de los fines sociales del Estado, es decir que al ciudadano hay que enseñarle desde su infancia la ley y por lo tanto el respeto a la misma y a las autoridades que deben hacerla cumplir.