Justicia

Tribunal rebajó condena al exmagistrado Francisco Ricaurte por ‘Cartel de la Toga’

La reducción de la condena se debe a que uno de los delitos prescribió

Exmagistrado Francisco Ricaurte, condenado por el 'Cartel de la Toga' FOTO FISCALÍA

Exmagistrado Francisco Ricaurte, condenado por el 'Cartel de la Toga' FOTO FISCALÍA

El Tribunal Superior de Bogotá redujo de 19 años a 16 años y seis meses de prisión la condena contra el exmagistrado Francisco Ricaurte por el denominado ‘Cartel de la Toga’.

La reducción de la condena se debe a que el delito de tráfico de influencias ya prescribió.

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“Acorde con el art. 411 A del Código Penal, la pena máxima de prisión para el delito de tráfico de influencia de particular es de 8 años. La audiencia de formulación de imputación se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2017, lo que significa que la acción penal prescribió el 21 de septiembre de 2021, sin que tal fenómeno haya podido evitarse dada la complejidad del asunto. En consecuencia, se declarará la preclusión ante la extinción de la acción penal por prescripción en cuanto al delito de tráfico de influencias de particular”. Señala la sentencia.

El Tribunal dejó en firme los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias de servidor público.

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La sentencia ratificó que el exmagistrado Francisco Ricaurte tuvo implicaciones directas y actuó a título de interviniente en este escándalo de corrupción que torció a la justicia. El exmagistrado era uno de los jefes de la organización junto al exmagistrado Leonidas Bustos.

Además, el Tribunal desechó la teoría de la defensa que alegaba que el testigo principal, el exfiscal Luis Gustavo Moreno solo quería perjudicar a Ricaurte, al concluir que “(…) si se tratara de una estrategia para incriminar a Ricaurte, habría bastado con señalarlo a él y no a los demás implicados”

El exfiscal Gustavo Moreno confesó que los exmagistrados Ricaurte y Bustos ofrecían servicios para afectar procesos judiciales buscando beneficios para sus llamados 'clientes', y así entorpecer procesos en la Corte Suprema.

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