JEP realizará audiencia por situación de seguridad de firmantes del acuerdo
Según la JEP, desde la firma del Acuerdo han sido asesinados por lo menos 276 excombatientes de las FARC en todo el país.
JEP / Colprensa
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizará este martes 24 de agosto en Popayán, una audiencia de seguimiento con el objetivo de conocer el estado de las medidas cautelares que adoptó en 2020 para garantizar la vida y seguridad de los excombatientes de las antiguas FARC, y el derecho de las víctimas a la verdad debido a la grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz.
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Según la JEP, desde la firma del Acuerdo han sido asesinados por lo menos 276 excombatientes de las FARC en todo el país, 96 de ellos ocurridos en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. El departamento del Cauca presenta el mayor número de asesinatos: 48. Aproximadamente, 2.500 firmantes del acuerdo llevan su tránsito a la vida civil en esta región del país, en 5 Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación (ETCR) y 27 Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).
La Sección advierte que: “La disputa por el control de los corredores estratégicos, el poder de los grupos de narcotráfico y las disidencias de las FARC, entre otros factores, son fuente de riesgos no controlados que ameritan mayores esfuerzos de las autoridades con funciones de garantías de seguridad". Y, ha insistido en que es un deber de la JEP trabajar por prevenir y evitar daños irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz. Cada vez que se silencia a los comparecientes se vulneran sus derechos y los de sus familias, pero también se priva a los colombianos de la verdad y una fuente de reparación.
A la audiencia fueron convocados: los gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, el consejero presidencial para la Estabilización, el Ministerio de Defensa, el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación.
