Iván Cepeda solicitó a la Procuraduría investigar al defensor del Pueblo
La queja contra Carlos Camargo es por presuntamente entregar cargos a personas que no cumplen requisitos para ejercer sus funciones
Iván Cepeda solicitó a la Procuraduría investigar al defensor del Pueblo / Cortesia Defensoría
El senador Iván Cepeda presentó una queja ante la Procuraduría contra el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, por presuntamente entregar cargos a personas que no cumplen requisitos para ejercer sus funciones, pero que, han sido cercanas o militantes de partidos políticos.
Iván Cepeda, solicitó a la Procuraduría investigar al defensor del Pueblo por presuntas irregularidades en el nombramiento de quince personas en cargos directivos que no cumplirían con los requisitos para el desempeño de defensores regionales y delegados.
Según la queja disciplinaria, Iván Cepeda señala que el defensor del Pueblo no veló por la protección de los Derechos Humanos, ya que, algunos de los nuevos defensores han estado vinculados a escándalos de paramilitarismo y corrupción, han sido denunciados por maltrato físico, psicológico y por acoso laboral; y otros pese a estar impedidos por el cargo que ocupan, continúan haciendo activismo político por el Centro Democrático.
¿Quiénes figuran como casos que deben ser investigados en los nombramientos realizado por Carlos Camargo, según la queja realizada por Iván Cepeda ante la Procuraduría General de la Nación?
“José Augusto Rendón García, Defensor Regional en Urabá. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han señalado que José Rendón ha representado y asesorado a empresarios que en esa región figuran como compradores masivos de tierra en medio de la oleada paramilitar”.
“Wilson Alberto Núñez, Defensor Regional de Bogotá. Además de no contar con experiencia acreditada para el ejercicio de sus funciones, cinco de sus siete años de experiencia son como coordinador jurídico del Centro Democrático y pese a que fue nombrado el 22 de diciembre de 2020 en el cargo de Defensor Regional, continúa utilizando sus redes sociales para difundir mensajes de los congresistas de su partido político”.
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“Andrés Felipe Villamizar Ortiz, exrepresentante a la Cámara Liberal, fue nombrado Defensor Delegado para los derechos económicos, sociales y culturales, no cuenta con experiencia profesional o académica que acredite su conocimiento sobre los DESC. Además, Villamizar fue denunciado en 2017 por su exesposa Verónica Pinto, quien lo acusa de maltrato físico y sicológico. Medicina Legal le otorgó una incapacidad de 10 días por “mecanismos traumáticos de lesión contundente abrasivo”
“Diana Margarita Silva Londoño Trabajó de febrero a junio de 2018 como contratista del Centro Democrático y en 2017 fue asesora política del ex precandidato uribista Rafael Nieto y miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Samuel Hoyos. Recientemente se le criticó un encuentro privado que tuvo con el exjefe paramilitar “Jorge 40” en la cárcel de Picaleña. Además, el pasado 7 de abril, 11 profesionales interpusieron en su contra una queja por acoso laboral representadas en conductas de irrespeto, amenazas, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo”.
“Ibeth Milagro Tobias Ahumada, Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria. Según la Silla Vacía, Ibeth Tobías hace parte de la estructura política liberal del excongresista Rodrigo Roncallo, investigado por parapolítica”.
“El defensor no puede politizar una institución que cumple una función fundamental, como es la divulgación y protección de los derechos humanos, igualmente nos preocupa que haya creado una oficina de enlace con las fuerzas militares, un hecho que ha merecido denuncias de funcionarios de la propia defensoría señalando que, esa oficina viola la independencia que debe caracterizar a esta importante institución”, señaló Iván Cepeda.
También se radicó una solicitud ante la contraloría para ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la Defensoría del Pueblo a través de un proceso auditor, que determine si existieron irregularidades que pudieron implicar un daño a la gestión fiscal y al patrimonio del Estado.
