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Cauca, Putumayo y Caquetá en riesgo por enfrentamientos de grupos ilegales

En la primera Alerta Temprana del año la Defensoría denunció amenazas a la población, reclutamiento de menores, 'vacunas' y 'limpieza social'

Habitantes de Cauca pidiendo cese a la violencia /

El documento de 60 páginas firmado por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señala que la disputa del territorio por parte del frente Carolina Ramírez disidente de las antiguas Farc-EP y el grupo ‘Sinaloa’ o ‘La Mafia’ tienen en riesgo a la población de Cauca, Putumayo y Caquetá.

 La Defensoría del Pueblo señaló que esta situación afecta principalmente a los excombatientes que habitan estos territorios, pues son señalados de traidores o de favorecer el accionar de los grupos en disputa ocasionando ataques contra su vida. 

Además la entidad denunció que el Frente Carolina Ramírez está difundiendo manuales de convivencia, restringiendo la movilidad desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada y poniendo pasacalles para anunciar su presencia y las consecuencias de no obedecer sus instrucciones.

“La Defensoría tiene conocimiento del cobro de extorsiones a comerciantes, agricultores y ganaderos, así como intimidaciones a trasportadores fluviales y personas que se movilizan en inmediaciones de los puertos de Solita, Curillo y Puerto Rosario (Puerto Guzmán). Estas situaciones son muestra de la estrategia utilizada para evitar el avance del grupo Sinaloa en el territorio”, se lee en el documento.

De otro lado, el grupo ‘Sinaloa’ ha ampliado su accionar en el último año, ratificando su interés por el control de las rutas del narcotráfico y del circuito de economía ilegal de la coca. “Ha desplegado acciones de intimidación contra las comunidades, especialmente, contra aquellas que no colaboran con la siembra de la hoja de coca, mismos a quienes imponen multas exorbitantes”.

Además, la Defensoría señala que la reconfiguración de actores armados ilegales en la zona trajo consigo la aparición del grupo pos-desmovilización de las AUC, ‘La Constru’, especialmente en los municipios Puerto Guzmán y Piamonte donde se ha insertado a las fases de comercialización, transporte y tráfico internacional de coca.

La alerta temprana también reportó, cobro de vacunas, limpieza social y reclutamiento de menores que como consecuencia tiene el desplazamiento forzado y el de sus familias, así como la vulnerabilidad de los docentes y directivas de las instituciones educativas.

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