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Los interrogantes de la Procuraduría al préstamo del Gobierno a Avianca

Para el Ministerio Público, el crédito podría significar una excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado.

En una carta dirigida al presidente Iván Duque, el procurador general Fernando Carrillo le expone una serie de dudas sobre el financiamiento de hasta 370 millones de dólares por 18 meses a la aerolínea Avianca, dentro del proceso del capítulo 11 de la “Ley de Bancarrotas” de EE.UU.

Carrillo considera conveniente que el Gobierno Nacional revele el soporte técnico de su decisión de apoyar a una empresa extranjera, cuyos problemas económicos, según recuerda, datan de la huelga de pilotos del 2017 y que no se solucionaron con la renegociación de las condiciones de los bonos en 2019.

“(…) ¿Cómo asegurará el Gobierno nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines y que esos recursos se puedan recuperar? ¿cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó? ¿ofrecerán los accionistas o acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Avianca? (…)”, son algunos de los interrogantes que se plantea el jefe del Ministerio Público.

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En el texto, el procurador Carrillo enfatiza que el Decreto 444 de 2020 establece que cuando se van a invertir dineros del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) en “instrumentos de capital y/o deuda”, se deben evaluar de manera conjunta y en contexto de las necesidades sociales y económicas ocasionadas por la emergencia del Covid-19. “Dicha evaluación debería divulgarse por la magnitud de los dineros públicos que se están utilizando”, dice la carta.

Por otro lado, Carrillo indaga sobre cómo se protege a la Nación contra el riesgo de terminar convertida en accionista minoritaria de Avianca. “Por tratarse de una empresa extranjera que adelanta un proceso de reorganización en un tribunal de otro país, no habrá forma de imponerles a los accionistas el deber de comprar la participación del Estado en un plazo corto”.

Incluso, el procurador general le advierte al presidente Duque de que al tratarse de una empresa que ya no presta sus servicios exclusivamente en Colombia, “emprender esta maniobra de rescate sin involucrar a otros países que también se beneficiarían de la actividad de Avianca, puede significar una desproporcionada o excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado”.

Por último, el jefe del Ministerio Público insiste en que el Gobierno responda en si se ha evaluado cómo “este rescate resultará suficiente en cuantía y duración para permitir que Avianca vuelva a prestar el servicio de transporte aéreo, con continuidad y de manera sostenible”.

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