Transparencia Internacional advierte posible corrupción en crisis Covid-19

La organización estimó que, en medio de la emergencia, el gobierno debe demostrar que los recursos se orientaron para aliviar los impactos en la salud de la ciudadanía.

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Transparencia Internacional aseguró que la prioridad para la sociedad actual es atender urgentemente la crisis sanitaria producto de la pandemia del coronavirus. Ante esto se han tomado medidas como la declaración del Estado de Emergencia lo cual facilita la acción de las autoridades para agilizar el uso de recursos.

Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, estimó que debe haber cinco líneas estratégicas con relación al uso de recursos públicos para afrontar la emergencia por coronavirus:

1. Entregar información de las contrataciones públicas: Debe haber máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia.

2. Activación de mecanismos pro-competencia: Las agencias nacionales que no estén vinculadas con sectores económicos deben actuar para evitar especulación en los precios de productos necesarios para la supervivencia.

3. Fiscalización en tiempo real: Activar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, “precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia”.

4. Identificación plena de los recursos utilizados y los responsables de su ejecución: Se debe concentrar en una sola plataforma toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales en cuanto al Covid-19 o generando identificadores en las plataformas electrónicas de contratación pública.

5. Rendición de cuentas: Pese a la emergencia, no se puede justificar la ausencia de funcionarios explicando el uso de los recursos utilizados y su destino durante la duración de la emergencia sanitaria.

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Desde Transparencia por Colombia se concluyó que “las acciones que se implementen alrededor de estas cinco líneas pueden contribuir a un uso más eficiente de los recursos, y a evitar riesgos de corrupción que afecten la atención a la emergencia; que van desde la administración desigual de las ayudas destinadas a las poblaciones más vulnerables, hasta riesgos de captura de beneficios y recursos por parte de algunos actores con intereses propios”.