Nicaragua

ONU condena el asedio policial a manifestantes de iglesias en Nicaragua

El organismo pide garantizar el derecho a la protesta, poner fin a las intimidaciones y detenciones arbitrarias.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el maltrato de las Fuerzas Policiales a los huelguistas encerrados en la catedral de Managua y la iglesia de San Miguel Arcángel de Masaya, y pidió que se garantice el derecho a este tipo de protestas sin privarles de alimentos, agua o medicinas.

La ONU recordó que la iglesia de Masaya, donde 13 personas están encerradas desde la semana pasada para pedir la liberación de 130 detenidos por las protestas que este año han habido en el país, está acordonada desde el 14 de noviembre y la Policía ha cortado el suministro eléctrico y de agua.

"Nos preocupa que otro grupo de opositores fue detenido tras llevarles ayuda humanitaria y que puedan ser acusados de graves delitos por ello", señaló el portavoz de la oficina Rupert Colville, quien subrayó que la Policía impide nuevos intentos de acceder a la iglesia para llevar suministros médicos, cuando el sacerdote que está encerrado en ella padece diabetes.

Entre los detenidos, señaló el portavoz, se encuentra la líder estudiantil Amaya Coppens, arrestada durante ocho meses y amnistiada el pasado junio y que recientemente se reunió con responsables de esa oficina de la ONU en Ginebra.

Colville también criticó la irrupción de presuntos partidarios del Gobierno de Daniel Ortega ayer lunes en la catedral de Managua para intimidar a ocho personas que iniciaron otra huelga de hambre para pedir la liberación de detenidos por las protestas, un ataque que en opinión de Naciones Unidas fue "consentido" por la Policía.

"Cualquier persona debería poder ejercer su derecho a la libre expresión y la reunión pacífica sin miedo a ser atacado", señaló el portavoz, quien urgió a las autoridades a que se abstengan de intervenir en estos actos de protesta cortándoles el acceso a comida, agua o asistencia médica.

Colville añadió que el Gobierno nicaragüense "debe parar su persistente represión de la disidencia, detener su actual tendencia a las detenciones arbitrarias y dejar de criminalizar y atacar a defensores de derechos humanos, opositores políticos y otras voces".

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