Las 14 personas entre militares y civiles estarían comprometidos en una millonaria defraudación al sistema de seguridad social de las Fuerzas Militares, por eso fueron citados a imputación de cargos.

El objetivo de la red criminal era alterar las bases de datos y manipular los tiempos de servicio para acceder a una pensión de forma más rápido. Los uniformados acudían a la organización para anticipar hasta en tres años el tiempo de retiro, todo a cambio de un pago hasta de dos millones de pesos.

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La Fiscalía tiene en su poder documentos que incluyen a soldados, suboficiales y oficiales, como supuestos clientes de la organización y fuentes de la investigación aseguraron que la segunda fase de este operativo estará orientado a identificarlos plenamente.

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Ante un juez de garantías los fiscales imputarán cargos y a pesar de la defraudación al Estado, no solicitarán una medida de aseguramiento.