La millonaria administración de bienes incautados

La mayoría de esas propiedades incautadas por las autoridades pasan a procesos de extinción de dominio, donde los afectados pueden demostrar que las compraron legalmente. 

Esos procesos tardan hasta 10 años, la congestión judicial hace muy difícil definir la situación con esas propiedades y mientras hay una decisión, el Estado debe administrarlos y eso le cuesta 14.000 millones de pesos mensuales. 

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Para salir de todas esas propiedades se creó la figura de la enajenación temprana, que básicamente le permite al Estado vender todas las propiedades que se encuentren en proceso de extinción de dominio, de esta forma, según María Virginia Torres, la directora de la Sociedad de Activos Especiales, no tendrán que esperar 10 años mientras salen los fallos, se ahorra tiempo y dinero. 

Sin embargo lo que se proyectaba como la solución, ahora es un “chicharrón” para la Sociedad de Activos Especiales, pues aún con la enajenación temprana los bienes se siguen acumulando, no muchas personas están dispuestas a comprar propiedades que fueron objeto de extinción de dominio.