Más de $200.000 millones en demandas por no proteger a líderes sociales

La Contraloría General de la República reveló un estudio sectorial en el que que evalúa las acciones emprendidas en el período 2015 – 2017, para preservar la integridad de líderes y activistas sociales.

El estudio concluyó que a pesar del esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional, las acciones han sido insuficientes para dar esquemas de protección a las personas amenazadas que han sido valoradas con riesgo extraordinario extremo y extraordinario.

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, aseguró que si bien la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha hecho esfuerzos para proteger la vida de los líderes sociales amenazados, es necesaria una política de estado en la protección de la población en alto riesgo.

Durante el periodo 2015–2017 se destinaron 1.71 billones de pesos para implementación de esquemas de protección, sin embargo, esto no impidió 24 atentados que resultaron en 13 personas muertas y 8 personas heridas, esto sin incluir a los líderes y activistas que no tuvieron ningún tipo de protección.

En los dos años de estudio hubo 403 acciones de tutela de las cuales 176 impartieron órdenes cuya implementación llegó a los $19.164 millones, que representan 2% del total de los recursos de la entidad.