Los contratos que “contaminaron” los proyectos de agua potable

La auditoría de la Contraloría podría convertirse en la radiografía que explique las “enfermedades” del país para concretar los proyectos de agua potable para las regiones más necesitadas. 

Siete departamentos, claramente los más urgidos de proyectos para abastecer de agua potable a sus ciudadanos, resultaron ser la fuente del despilfarro de recursos públicos. 

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Más de $39.000 millones, del Sistema General de Regalías, destinados a la construcción de plantas de tratamiento estarían embolatados con esos proyectos que nunca se terminaron o llevan años sin avances. 

De acuerdo con el informe de la Contraloría la aprobación de esos proyectos estuvo en manos de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) pero pocos cumplieron con los requisitos mínimos, entre otros, licencias ambientales, incluso la titularidad de predios. 

“Carecen de recursos para atender tratamientos de agua y pruebas de laboratorio, no cuentan con la estructura de una empresa de servicios públicos y no acceden a subsidios de estratos bajos para los usuarios”, señaló la Contraloría en su informe. 

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Los auditores también establecieron que algunos proyectos, que aparentemente se terminaron, no se están usando para lo que fueron construidos, otros están sin uso y algunos no cuentan con requisitos técnicos, no tienen licencias ambientales o ni indicadores de riesgo para el consumo de agua.

Las zonas afectadas: 

Meta: Acacias, Lejanías, Villavicencio y Granada.

La Guajira: Albania, Manaure y Uribia.

Cauca: Buenos Aires y Totoró.

Antioquia: Fredonia, Santa Rosa de Osos y Titiribí.

Sucre: Ovejas, Majagual y Sucre.

Tolima: Mariquita y Venadillo.

Cesar: Becerril.