Modelo y presentadora mexicana, involucrada en el caso Cemex
Junto a tres ex directivos, los investigan por irregularidades en la compra de un lote en Antioquia, en proceso de extinción de dominio.
Colombia
Se trata de Montserrat Oliver, diva de la televisión mexicana, que según la Fiscalía, habría actuado como intermediaria en la compra de un millonario predio en Maceo, Antioquia, entre ex vicepresidentes de la multinacional cementera Cemex Édgar Ramírez Martínez y Camilo González Téllez y José Aldemar Moncada, protagonista en un escándalo de defraudación a la Dian.
Según la Fiscalía, durante una diligencia en los juzgados de Paloquemao, la modelo tenía presuntamente por vínculos con directivos de la multinacional. “¿Cómo llega el negocio a Cemex? A través de usted, Eugenio Correa Díaz. ¿Y cómo llega el negocio? Porque usted tiene un vínculo de amistad con la señora Monserrat Oliver, conocida modelo y presentadora de televisión en la República de México”.
De acuerdo a la Fiscalía, el empresario Correa Díaz, le entregó a la presentadora un resumen del proyecto para la explotación de la mina en ese municipio antioqueño, de propiedad de C.I. Calizas y Minerales S.A.
El contrato a nombre de la cementera era por más de 40.000 millones de pesos y tenía como beneficiario a Eugenio Correa Díaz, representante de la empresa C.I. Calizas S.A.
El objeto de ese contrato era adquirir un terreno donde posteriormente se construyó una planta productora de cemento, pero la propiedad resultó estar involucrada en un proceso de extinción de dominio y como parte de la investigación por la defraudación al Estado a través de devoluciones irregulares del IVA.
Los enredados con este caso son: Édgar Ramírez Martínez, vicepresidente de planeación y Camilo González Téllez, vicepresidente jurídico, los dos de Cemex. El dinero de esa negociación, al parecer, y según la investigación de la Fiscalía fue a parar a las cuentas de los implicados en este caso y nada para la empresa que ofreció el terreno a la cementera.
Cemex denunció en la Fiscalía las irregularidades que ahora derivaron en la imputación de cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado.