Contraloría investiga ‘Cártel de la Hemofilia’ en Bolívar y Caquetá

Estas nuevas indagaciones se presentan por los supuestos pagos irregulares a centros médicos por suministrar medicinas a pacientes con hemofilia que nunca existieron, esta vez en los departamentos de Bolívar y Caquetá.

Asimismo, el organismo del control indicó que en el Caquetá también se adelanta un proceso por esta irregularidad por más de $7 mil 400 millones de pesos.

“La Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en el departamento de Caquetá auditó los contratos suscritos por la Gobernación, con las empresas Suiphar de Colombia S.A., y con Distrimedical’s S.A.S., para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza enriquecido con Factor de Von Willebrand”, según el ente de control.

La Contraloría adelanta un encuentro con los gerentes departamentales de la entidad, donde se exponen los resultados en la lucha contra la corrupción.

En total, los contratos se suscribieron por la suma total de $7 mil 433 millones de pesos, pero con destino a la atención de 5 usuarios diagnosticados de hemofilia severa, dejando en evidencia que la Secretaría de Salud de Departamental no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios, permitiendo el pago con base en documentos que no fueron emitidos por las IPS, tal y como lo pudieron certificar el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la Unidad Oncológica Sur Colombiana, el Hospital María Inmaculada, así como los supuestos médicos tratantes.

Además, el equipo de la Gerencia Departamental de la CGR en Caquetá, pudo establecer que los contratistas de la Gobernación hicieron entrega de medicamentos que no cumplían las especificaciones técnicas de aquellos contratados. Es decir, se hizo entrega de otros medicamentos distintos a los pagados.

Por estos casos, fue llamado el exgobernador de Caquetá Víctor Isidro Ramírez Loaiza, y quien en consecuencia era el operador del gasto en calidad de representante legal del ente territorial, al secretario de Salud de la época, Luis Eduardo Campo Castillo, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.

En el caso de Bolívar, el ente de control fueron detectadas por este cartel y se abrió igualmente un proceso de responsabilidad fiscal al evidenciarse que la Secretaría de Salud departamental realizó una serie de pagos en cuantía superior a los $20 mil millones de pesos, por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que deberían haber sido asumidos por las EPS donde los mismos se encontraran afiliados, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento integral de dicha enfermedad, se encontraban cobijados dentro del POS.

“La entidad realizó pagos a la Fundación Ciénaga de la Virgen, por la atención integral de pacientes hemofílicos, así como también a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS S.A.S. – ASISTEGRAL, por la atención integral de pacientes hemofílicos”, argumentó.

De todos los pagos efectuados, a la Gobernación de Bolívar sólo le correspondía asumir lo relativo al pago de las Unidades por Capitación – UPC, como producto de la afiliación de los pacientes al sistema de seguridad social, dentro del régimen subsidiado.

La Contraloría General de la República llamó a responder en calidad de presuntos responsables al ex gobernador del departamento de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, así como a las mencionadas IPS beneficiarias de los pagos y sus representantes legales.

También fue llamada la entonces secretaria de Salud departamental Ana María del Carmen Álvarez Castillo también se encuentra vinculada al Proceso de Responsabilidad Fiscal, junto con Bertha María Pérez Jiménez, quien ocupó la misma posición en calidad de encargada. También ha sido llamada a responder la directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, Nacha Newball Jiménez.