Retirar acciones jurídicas y sanciones a la huelga de pilotos propone el Congreso

Luego de una audiencia pública que se realizó en la Comisión Séptima del Senado, con el objetivo de mediar y buscar alternativas que permitan conjurar la huelga de los pilotos de Avianca afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, su presidente el capitán Jaime Hernández dijo que esperan que se encuentren los mecanismos para iniciar a volar en esta huelga que ya está muy larga en el país.

Las propuestas son aceptar un Tribunal de Arbitramento que sea obligatorio o voluntario que tiene una limitante jurídica, por tratarse de un servicio público esencial, definido así en la ley, la norma vigente lo define como obligatorio. Al momento de instalar el Tribunal se abrirá un espacio de acuerdo directo, que los árbitros acogerían como laudo.

Las otras dos iniciativas plantean que previamente las partes recordarían la agenda de puntos pendientes, para facilitar el acuerdo, y las partes se comprometerían a desistir de acciones legales y de sanciones.

También los senadores solicitaron a la ministra del Trabajo que posibilite una reunión de Avianca y ACDAC con la presidenta de la Comisión, senadora Nadia Blel; el vicepresidente senador, Roberto Ortiz; el senador Eduardo Pulgar, citante de la audiencia, y las personas que invite la presidenta.

De inmediato la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, calificó como positiva una proposición de varios legisladores de la Comisión Séptima de Senado, que busca que Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, se sienten nuevamente a una mesa de diálogo, para lo cual se conformaría una comisión de varios representantes de esta célula legislativa que participarían a manera de amigables componedores, como está ya referido.

Esta proposición incluye que se aceptaría plenamente el Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio del Trabajo, teniendo en cuenta que así lo exige la Ley por tratarse de un servicio público esencial; también que se requeriría de un recorte de la agenda temática para facilitar las conversaciones; las partes se comprometerían a desistir de acciones legales o de algún tipo de sanción, y que al momento de instalar el Tribunal se abriera un espacio de acuerdo directo, que los árbitros acogerían como laudo.