Juez de Cartagena asegura que recursos del Icbf son privados

Por eso ordenó la libertad a cinco personas, familiares de un concejal de la ciudad y capturadas por corrupción.

Con un listado de leyes, sentencias del Consejo de Estado y hasta normatividad francesa, una juez de control de garantías desbarató la investigación que adelantó la Fiscalía para llevar a imputación de cargos a cinco personas representantes de la Fundación Prociencia que firmaron un millonario contrato con el Icbf para la atención integral de 3.744 niños de cero a cinco años y madres gestantes de diez municipios del departamento de Bolívar.

“Tres actuaban como trabajadores de la Fundación Prociencia, que tiene contratos vigentes con el Icbf, por la suma de $7.818.524.064. Los otros dos fungían como representantes legales de las empresas Minimarket, Distrimarket y Comercializadora Logística S.A.S., proveedores activos de la Fundación”, dijo la Fiscalía al explicar porque apelaron la decisión que los dejó en libertad.

Pero la juez fue más allá al asegurar, con explicación contable y un tanto enredada, que los recursos comprometidos en esta investigación son públicos pero no del Estado, por tanto no se configura el delito de peculado, en otras palabras no hay delito.

“Esos recursos parafiscales son públicos, pero no pertenecen al Estado y por tanto no ingresan al fisco, no son de libre asignación, ni de libre disposición, pues por su naturaleza tienen destinación específica… En virtud a esas apreciaciones, los recursos provenientes de rentas parafiscales no son rentas que estén incorporadas en el presupuesto general de la Nación”.

Al contrario la Fiscalía logró demostrar que los cinco capturados, hoy en libertad y familiares del concejal de Cartagena Américo Mendoza, desviaron recursos por más de $1.500 millones mediante el cobro al Icbf de refrigerios y complementos nutricionales que nunca fueron entregados.

Además la Fundación Prociencia, subcontrato la compra de suministros con empresas creadas por la misma familia y que funcionaban en un mismo sitio, allí encontraron sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato, todo mediante la falsificación de facturas.

“En la investigación se estableció la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía de mil quinientos sesenta y seis millones seiscientos cincuenta mil ciento noventa y ocho pesos ($1.566’650.198)”, señaló la Fiscalía.

Para la juez los hallazgos de la Fiscalía, las interceptaciones o las evidencias, que sí fueron suficientes para que otra juez librara las órdenes de captura, no justifican la detención y los dejó en libertad.

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