La estrategia del Gobierno para castigar a los tramposos y depurar el Sisben
Se implementará 3 acciones para buscar que quien reciba el beneficio sea realmente de la población vulnerable en Colombia.
El Gobierno Nacional reconoce que se han identificado más de 380 mil personas inscritas en el Sisbén que no debían recibir el beneficio, mientras que otros 3,7 millones de colombianos pobres se encuentran por fuera del sistema por la metodología de inclusión.
Además desde el Departamento de Planeación Nacional señalan que hasta ahora son pocas las herramientas para combatir esta situación, ni siquiera la denuncia ciudadana tiene consecuencias para los “tramposos”, ni para los funcionarios implicados en las irregularidades.
Por lo anterior, en una reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes), en cabeza del presidente Juan Manuel Santos se aprobó el documento que busca depurar el Sisben, identificar a los “tramposos” y sancionarlos de manera que los beneficios lleguen a los colombianos más pobres.
La primera acción aprobada busca que las personas registradas en el Sisbén tengan el puntaje que merecen con base también en sus ingresos, de manera que no se tenga en cuenta solamente el entorno en el que viven, con criterios como la vivienda, la salud, la educación y la vulnerabilidad.
Un segundo componente permitirá que los denominados ‘colados’, sean castigados, “sacándolos del sistema y quitándoles los subsidios que hayan obtenido de manera irregular con mentiras sobre su situación económica y social”, según reportó el Departamento de Planeación Nacional.
Además, afrontarán procesos legales, “lo que también cobijará a los funcionarios públicos que permitan la ocurrencia de irregularidades para otorgar puntajes bajos cuando las personas no los merezcan”.
Finalmente se incrementarán las bases de datos para cotejar la información de quienes buscan acceder al beneficio.
Actualmente el DNP hace cruces con bases de datos del Fosyga y de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP); ahora, se utilizarán por lo menos 24 bases de datos del Gobierno para garantizar la veracidad de la información.




