Los 30 meses del caso Hacker
Hasta el momento son seis las personas condenadas y prófugo el ex asesor espiritual del Centro Democrático.
(Colprensa/Archivo)
El inicio
Un allanamiento a las oficinas del hacker Andrés Fernando Sepúlveda en mayo de 2014 marcó el punto de partida en este caso. Primero el entonces fiscal Eduardo Montealegre aseguró que llegaron allí gracias a un anónimo, ahora se sabe que fue por información de la Dirección de Inteligencia. Esa información confirmaba las interceptaciones a los correos del presidente Juan Manuel Santos y algunos negociadores del proceso de paz en La Habana.
Los implicados
Los detalles del caso se empezaron a conocer a cuenta gotas. Primero que el capturado, el hacker, estaba casado con una actriz y luego que esa actriz trabajaba para una campaña política, Zuluaga Presidente.
A finales de mayo aparece un video donde está Óscar Iván Zuluaga, junto al hacker Sepúlveda en su oficina, esa fue la mecha que se quemó y estalló en un escándalo.
Pero fue en junio cuando llega a escena otro hacker, el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán, detenido y condenado por interceptar las comunicaciones del ex vicepresidente, Francisco Santos, Bajaña terminó por ser testigo del caso.
Ocho meses después, Óscar Iván Zuluaga y su hijo David, fueron llamados a un interrogatorio que terminó en una enérgica protesta frente a la Fiscalía en Bogotá, pero que no fue suficiente para evitar que siete meses más tarde el ex asesor espiritual del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, fuera llamado a imputación de cargos.
Los condenados
En 30 meses son seis las personas condenadas, la mayoría luego de aceptar cargos: Andrés Sepúlveda y Daniel Bajaña; el teniente de la policía, Maicol Usme, el agente de la DNI Wilson Torres, el cabo, Luis Humberto Moreno y el patrullero Ignacio Parra Amín, los dos del grupo de terrorismo de la Sijin, Bogotá.
El nuevo enredo
Dos años y medio después la historia se transforma y quien fue investigador del caso, el ex director del CTI, Julián Quintana, reveló algunos detalles a la Corte Suprema de Justicia que provocó una andanada de denuncias ahora convertidas en una nueva investigación, esta vez para establecer una supuesta infiltración a la campaña Zuluaga Presidente.
Quintana aseguró que no existieron pruebas suficientes para vincular a Zuluaga, su hijo y el ex presidente Uribe con el hacker y denunció que el director de Inteligencia, el almirante Álvaro Echandia, estaba muy interesado en evitar que su entidad resultara vinculada en este caso.
El testigo clave
Otro hacker, el español Rafael Revert, trabajó en la oficina de Sepúlveda y fue el encargado de grabar los videos que terminaron por incriminar a los policías y el agente hoy condenados.
El ex director del CTI, Julián Quintana, reveló que ese hacker era una fuente de la Dirección de Inteligencia, que se lo presentaron en un hotel del norte de Bogotá y que debía recibir, como hasta hoy, protección de la Fiscalía.
Quintana además dijo que el almirante Echandía le confirmó que algunas fuentes de información, que luego se convirtieron en testigos del caso, recibieron pagos de la Dirección de Inteligencia, pero negó que esos pagos estuvieran relacionados con el proceso del hacker.
