La red de policías e inspectores al servicio del cartel de la chatarrización

Caracol Radio conoció detalles, nombres, cifras de la investigación que adelantan las autoridades contra policías, inspectores y directores de oficinas de tránsito en todo el país que trabajaban al servicio del cartel de la chatarrización.

Según testigos de la Fiscalía a esa cadena le pagaban $25 millones por arreglar los papeles de los vehículos que hacían pasar como camiones para chatarrizar. Por ese cupo, al final del proceso, cobraban $80 millones de pesos al comprador del camión.

Por estos hechos en las últimas horas la Fiscalía ordenó la captura de 2 suboficiales y 3 inspectores de la policía en Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena y La Guajira quienes certificaron la existencia de falsos accidentes de tránsito con pérdida total del vehículo, documento con el que el cartel lograba el visto bueno del ministerio de Transportes para la reposición del camión.

Se les sindica de los presuntos delitos de falsedad en documento privado y cohecho (exigir o recibir dinero a cambio de omitir o cumplir con su deber).

Por esta vuelta o el levantamiento del croquis, como las llamaba el cartel, los policías e inspectores recibían por cada accidente una suma cercana a los $2´500.000.

En ese momento la ley exigía que para reconocer el cupo sólo era necesario certificar la pérdida total del vehículo por accidente de tránsito o por robo.

El paso siguiente en esa cadena era conseguir que un técnico de la Sijin  “certificara la revisión técnica de los vehículos “accidentados”. La tarifa por este “servicio” iba desde el millón hasta los 8 millones de pesos. El valor dependía de si se trataba de una patineta, un camión o una mula, si era de particular a público o de volqueta a camión.

Con esos papeles se acudía a las secretarías de tránsito, que en todo el país habrían matriculado de manera irregular más de 50.000 camiones, para quienes en algún momento el Ministerio de Transporte pensó en aplicarles una amnistía para legalizarlos. (VER NOTA). La tarifa de esos funcionarios, dependiendo que tan gris pintaba el día podía llegar a los $5 millones. En algunos casos más.

FALSOS ACCIDENTES

Caracol conoció un informe de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional que investigó 40 accidentes y hurtos de camiones.

El subintendente investigador de apellido Giraldo en visita a cada uno de los sitios pudo establecer la inexistencia de 25 accidentes en la vía la Cordialidad entre los municipios de Luruaca y Baranoa en el departamento del Atlántico.

También en el Atlántico ocurrió lo mismo con otros 4 siniestros en el tramo vial que conduce de Juan de Acosta al municipio de Baranoa, 4 en la vía Riomar a los municipios de Polo Nuevo y Baranoa y dos más en la vía Baranoa – Pital de Megua.

En la vía Bucaramanga – Pamplona desvirtuó otros 4 accidentes y otro más en el tramo vial del perímetro urbano de Dos Quebradas en Risaralda.

Según un estudio que realizó el entonces director de la Cámara Nacional del Transporte, Alberto Palma, las oficinas que presentan el mayor inconsistencias en los registros son las de Cota 5.847, Mosquera 2.836, Envigado 2.687, Funza 2.279, Girón 2.261, Facatativá 1.912, Bogotá 1.612, Guacarí 1.565, Bucaramanga 1.562, La Calera 1.437, Floridablanca 1.362, Sabaneta 1.285, Puerto Colombia 1.244, Bello 1.183 y Zipaquirá 932.

FISCALÍA

Caracol conoció que en el expediente que tiene la fiscalía figuran los nombres de varios agentes de tránsito (se omiten sus identidades para no afectar el proceso). Solo cinco de ellos participaron en el trámite de reposición de 85 camiones.

A esos nombres, también en el Atlántico, se suman los de 4 inspectores “que certificaron la ocurrencia de 75 accidentes”, 1 en Cesar con 47, 1 en Córdoba con 21, 2 en La Guajira con 26, 4 en Magdalena con 36 y 2 en Norte de Santander con 44.

A este listado se suman los técnicos de la SIJIN que certificaron haber realizado la revisión técnica de los vehículos “accidentados”. Entre los casos que llaman la atención está un patrullero de Bucaramanga que válido 65 siniestros, un agente de Cartagena con 147, un subintendente de Barranquilla con 60 y un intendente de Montería con 21.

En el expediente también figuran los nombres de peritos de direcciones de tránsito que certificaron el estado de pérdida total de esos vehículos que supuestamente sufrieron accidentes. Llama la atención que en la dirección de tránsito de Bucaramanga en cabeza de una persona figuran 159 contancias. En Floridablanca, también en Santander, otro perito certificó 61 inspecciones.

Sobre los directores de organismos de tránsito en la mira de la fiscalía figura uno del Atlántico que firmó 135 resoluciones cancelando la matrícula de los falsos camiones, cuatro de Bolívar con 132, 1 en Córdoba con 156, 1 en La Guajira con 24, 2 en Magdalena con 54, 3 en Cesar con 79,

PROCURADURÍA

⁠Por estas irregularidades la procuraduría regional Bolívar ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el director de Tránsito de Bolívar, Adán de Jesús Torres Yarzagara, quien deberá responder por resuntas irregularidades en el proceso de reposición de vehículos de carga tipo tracto camión.

La regional Atlántico abrió investigación disciplinaria contra el agente de tránsito Erguis Assendra Pizarro, por resuntas irregularidades cometidas por 40 servidores del Instituto de Tránsito del Atlántico relacionadas con actos de corrupción en el proceso de reposición de vehículos de carga tipo tracto camión.

La procuraduría regional Magdalena lleva una indagación preliminar contra los inspectores Donglar Iglesias Leon, Emel Sanchez Deicoff, Haroldo Turizo Maestre, Jose Araujo Lara, Alberto Vives Pacheco, Fidel Castro Tapias por presuntas irregularidades en el proceso de reposición de vehículos públicos de carga, especialmente tracto camiones, adelantadas por casi 40 funcionarios públicos, en diferentes lugares del país.

En el caso de estas personas se investiga por qué realizaron informe de accidentes de tránsito y certificaron la ocurrencia de hechos que no se habrían presentado. (VER NOTA)

Como lo reveló Caracol por la esta cadena de corrupción están siendo investigados funcionarios del ministerio de Transporte como Deisy Lara Bonilla, Sebastián Cano Rodríguez, Daniel Ospina y Humberto Correa Flórez, quien en la actualidad goza del beneficio de la casa por cárcel con permiso del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de trabajar en el Ministerio.