La absolución a la Comisión de Acusación

En términos de paz, esta semana es muy importante porque, como todo parece indicar, la Corte Constitucional dará el visto bueno para que en pocos meses los colombianos decidan en un plebiscito sobre los acuerdos de La Habana. Como pasa con estas decisiones, y esta será la más importante que tomen los colombianos en décadas porque se trata de escoger entre guerra y paz, seguramente ese será tema del día en cada esquina y también seguramente será motivo de más polarización.

Por eso es probable que, una vez se conozca el fallo de este lunes, ya el país haya dejado como tema secundario uno de esa misma Corte de la semana pasada también importante que ha generado preocupación por sus consecuencias. En efecto, la mayoría de magistrados de ese cuerpo constitucional volvió a notificar al país que no es posible reformar la justicia como se ha intentado hasta ahora por la vía del Congreso.

El jueves, la Corte revivió la inoperante Comisión de Acusación de la Cámara encargada de juzgar al presidente de la República, al fiscal y a los magistrados de las altas cortes y con ello envió el mismo mensaje de semanas atrás cuando dejó prácticamente intacto al también cuestionado Consejo de la Judicatura al mantener vigente su Sala Administrativa, que debería ser reemplazada por un organismo más técnico e interdisciplinario.

Las lecturas que se han hecho de estas últimas determinaciones de la instancia que más ha hecho por los derechos fundamentales de los colombianos es que hay un poder que se ha vuelto intocable pese a que sus órganos cabeza de esa rama han perdido la confianza de la opinión, y que siempre habrá argumentos jurídicos cuestionables muchos de ellos –sustitución de la Constitución, amenazas a la estabilidad de las instituciones— elaborados con un lenguaje complejo para justificarse, cuando la gente lo que espera es que no haya más burlas por parte de quienes son acusados de actos graves como el magistrado Jorge Pretelt para evadir sus procesos, o como las tácticas del procurador Alejandro Ordóñez que se atornilla al cargo con las mismas jugadas dilatorias que usó el ex alcalde Samuel Moreno para impedir su condena.

Mantener viva la Comisión de Acusación de la Cámara, en vez de un Tribunal de Aforados, por más argumentos constitucionales que se expongan, es algo que va contra toda lógica y es ahí donde se generan dudas. La gente no entiende cómo es mejor que al fiscal, al presidente y a los magistrados los juzgue una Comisión que apenas en 40 años ha acusado a un magistrado, a Pretelt, que en un 99% de los casos archiva las investigaciones no por falta de pruebas sino por prescripción; que está integrada por congresistas que no necesariamente son abogados y por cuya burocracia en su mayoría es ajena al mundo de los procesos judiciales.

Lo paradójico es que una reforma que se hizo para restablecer el equilibrio de poderes a consecuencia de la reelección presidencial, termine demostrando al momento de su revisión por parte de los jueces de la Corte que el desequilibrio persiste porque una de las ramas del poder está por encima de la voluntad del Ejecutivo y de las leyes que expide el Congreso.