Luis Carlos Villegas, primer ministro del Gobierno Santos con pliego de cargos

Fue el pasado 18 de febrero que se tuvo conocimiento de la presencia de las Farc, en el corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, La Guajira. Esto generó bastante malestar al procurador General, Alejandro Ordóñez, quien cuestionó con severidad que en un establecimiento educativo hicieran presencia guerrilleros armados para hacer según el “proselitismo”.

Esos hechos que calificó como el “caguancito”, dieron de inmediato origen a una serie de indagaciones, para esclarecer lo ocurrido. Indagaciones que finalizaron ayer con la apertura formal de pliego de cargos contra el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez y el comandante del Ejército, general Alberto Mejía.

El documento de 116 páginas, firmado por el jefe del Ministerio Público, se advierte que la única falta por la cual se les investiga es por “presuntamente omitir en el deber de dirigir la actividad administrativa del ministerio que preside con el fin que cesara el contacto de miembros armados y uniformados de las Farc (…), con el cual se puso en riesgo a la población”.

Para ello revela las pruebas que tuvo en cuenta y que fueron aportadas a lo largo de la indagación preliminar, entre ellas un documento firmado el 11 de febrero entre el Gobierno y las Farc, en el cual quedó establecido el método de pedagogía que se iba a realizar entre el 1 y el 29 de febrero.

Señala que incluso, se analizó otro documento que estaba firmado entre el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto y los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en el que se especificó el compromiso de suspender las operaciones militares desde las 00:00 horas del 17 de febrero hasta las 24:00 horas del 1 de marzo, en zonas establecidas por el Gobierno.

Razón por la que advierte que Villegas y los militares conocían con exactitud el sitio donde se llevaría a cabo la actividad de pedagogía.

Ordoñez señaló que con las pruebas se evidencia hasta el momento una omisión, en sus funciones pues, a su juicio, sí tenía conocimiento de la orden de cese de operaciones, lo que indicó habría expuesto a la población civil.

“La suspensión de operaciones militares no significaba hacer despejes de zonas del territorio nacional, pues los miembros de la Fuerza Pública debían permanecer haciendo presencia en los lugares que habitualmente lo hacen (…) se puso en riesgo a esta población ante un potencial acto de hostilidad o terrorismo” señala el pliego de cargos.