Proceso de paz con las FARC

Acuerdo entre gobierno y Farc sobre garantías de seguridad y lucha contra paramilitarismo

Caracol Radio revela en exclusiva los principales puntos que contiene este acuerdo que hace parte del punto de Fin del Conflicto.

El acuerdo se titula: Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.

Este documento que se precisará este jueves en La Habana hace parte del Punto 3 denominado El Fin del Conflicto y contiene, en primera medida, la puesta en marcha de un gran Pacto Político Nacional con la idea de impulsar planes de convivencia desde las regiones que más han sufrido la violencia y pedagogía sobre la superación del conflicto armado en Colombia. Estará encabezado por el gobierno nacional y el nuevo movimiento político que surja de las Farc, con la participación de los sectores sociales. El Pacto Político Nacional tendría también la finalidad de promover la no utilización de armas en la política y el compromiso del gobierno de radicar un proyecto de ley que incluya en la Constitución el articulado necesario para prohibir explícitamente las prácticas paramilitares.

Se crearía la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con el propósito de desmantelar las organizaciones armadas ilegales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, así como formular planes de acción, seguimiento y políticas para combatir todo hecho delictivo que atente contra la paz.

Esta comisión tendría la participación del Presidente de la República, los ministros del Interior, Defensa y Justicia; el Fiscal General, Defensor del Pueblo, comandantes de la Fuerza Pública, dos representantes del movimiento político de las Farc y dos voceros de organizaciones sociales.

También se habría acordado la puesta en marcha, por fuera de la justicia transicional, de una Unidad Especial de Investigación sobre las bandas criminales y sucesoras del paramilitarismo que tendrá la misión de fortalecer la justicia. La Unidad podrá investigar, acumulará casos, y si lo considera presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria.

El acuerdo prevé toda una estrategia integral para la protección y seguridad de los futuros exintegrantes de las Farc que hagan tránsito a la vida civil y política.

En la Unidad Nacional de Protección se abriría una subdirección para que se encargue única y exclusivamente de la seguridad y protección de los reincorporados. Los esquemas de protección serán mixtos y podrán participar en ellos exguerrilleros de las mismas Farc, luego de someterse a rigurosos entrenamientos sobre seguridad, derechos humanos y exámenes sicológicos.

A instancias del Ministerio del Interior, se elaborara un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones sociales en los territorios donde históricamente se ha vivido con mayor intensidad la confrontación armada. Además, se hará una convocatoria para Promotores Comunitarios de Paz y Convivencia. A esto se suma un departamento especial en la Defensoría del Pueblo que se encargue de realizar alertas tempranas para prevenir posibles asesinatos o delitos que atenten contra lideres sociales, defensores de Derechos Humanos, y excombatientes.

Por último, el acuerdo contemplaría hacer una revisión de las bases de datos de las centrales de inteligencia para actualizar y depurarlos, luego del tránsito de las Farc a movimiento político.

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