Lula ya no testificará en caso Petrobras
El ex presidente brasilero también está siendo investigado en el marco de un escándalo de corrupción de esa compañía.

(EFE Servicios)

Brasil
Según medios locales, la audiencia prevista para el próximo lunes donde le expresidente brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva testificaría en el caso de corrupción de Petrobras, ha sido cancelada.
Según una carta dada a conocer por el medio de comunicación brasilero G1, el ganadero José Carlos Bumlai renunció a que da Silva testificara en su defensa ante el juez del caso Sergio Moro; solicitud, que según el mismo medio de comunicación, fue aceptada por el togado.
Lula da Silva, fue recientemente vinculado a la investigación por corrupción de la misma compañía, y el pasado 4 de marzo fue detenido en la ciudad de Sao Paulo, con el objeto de ser llevado a declarar ante las autoridades correspondientes.
El ex mandatario, fue indagado frente a presuntos beneficios que había recibido por parte de algunos grupos del gremio de la construcción de su país, que se habían visto inmiscuidos en un caso de fraude.
Recientemente, el también ex líder sindical fue retenido de forma preventiva, acusado de lavado de dineros, bajo la modalidad de “ocultación de patrimonio”.
El escándalo en que se ha visto inmiscuido da Silva, también ha afectado la imagen de la actual mandataria Dilma Rousseff, quien atraviesa actualmente una crisis de gobernabilidad, que se vio ratificada en las marchas que el día de hoy movilizaron a cerca de 3 millones de brasileros, que se movilizaron para exigir su renuncia.
Según medios internacionales, al interior del Partido de los Trabajadores, estarían interesados en que el expresidente, volviera a postularse para las elecciones presidenciales de 2018; respaldo que se uniría al reciente ofrecimiento por parte de la actual presidenta, quien ha manifestado estar interesada en que él entre a formar parte de su gabinete.
Aunque aún se mantiene el silencio frente al ofrecimiento, de aceptar, Lula estaría exento de comparecer ante la justicia ordinaria de su país, en tanto los miembros del gabinete de Gobierno responden penalmente ante el Supremo tribunal Federal.




