Política

Proyecto plantea multas de $1.200 millones para empresas que no reemplacen tapas de alcantarillas

El articulado se encuentra en tercer debate en el Congreso y es de autoría del senador Mauricio Lizcano.

Proyecto plantea multas de $1.200 millones para empresas que no reemplacen tapas de alcantarillas

Proyecto plantea multas de $1.200 millones para empresas que no reemplacen tapas de alcantarillas(Colprensa/Archivo)

A raíz del video en el que presuntamente el niño de dos años, juan Sebastián, cae en una alcantarilla, el senador de La U, Mauricio Lizcano, pidió a sus compañeros de Congreso que reactiven la discusión del proyecto de ley que sanciona drásticamente a las empresas de servicios públicos y privados cuando por negligencia no prevengan este tipo de accidentes.

“Lamentamos la muerte de Juan Sebastián, nos parte el alma. Este caso se suma a muchos otros de niños y personas de la tercera edad que han perdido la vida por la falta de tapas de alcantarilla. Por eso presenté hace más de un año un proyecto de ley que busca sancionar administrativamente a las empresas de servicios públicos que no reemplacen las tapas de alcantarillas en un plazo máximo de 24 horas. Y si la negligencia es muy clara pueden llegar a tener responsabilidad penal los directivos de estas empresas”, le dijo a Caracol Radio.

El articulado plantea también castigos a las bandas dedicadas a robar estos elementos porque “se aumentan las penas para quienes se roben las tapas de alcantarilla o cualquier otra infraestructura del Estado que ponga en peligro la vida de los ciudadanos, haciendo de este delito no excarcelable”.

El proyecto se encuentra en tercero de cuatro debates y se espera que a partir de marzo se reactive su discusión en el Legislativo.

Principales puntos del proyecto:

Proyecto de ley 184 de 2014 Cámara, 48 de 2014 Senado

por la cual se modifica y adiciona la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y el artículo 110 del Código Penal con el fin de proteger la vida e integridad física de las personas en relación con la protección del equipamiento de los servicios públicos domiciliarios y del espacio público y se dictan otras disposiciones.

Objeto

Proteger la vida e integridad física de las personas frente a los riesgos generados por el hurto y daño de la infraestructura y equipamiento en la prestación de los servicios públicos, desarrollando instrumentos para la convivencia ciudadana, la protección de los derechos colectivos, el disfrute del espacio público y la defensa del patrimonio público.

¿Cómo funciona hoy?

Hoy día son usuales el hurto y el daño a los distintos elementos de infraestructura y equipamiento de servicios públicos. El robo de tapas de alcantarillas y cables, la alteración de contadores de agua, el daño en la infraestructura de energía eléctrica, entre otros, no sólo dañan económicamente al Estado sino que también pone en riesgo a la ciudadanía. Pero las consecuencias negativas – y muchas veces fatales- de este tipo de hechos, no tienen un castigo especial que efectivamente desincentive a los criminales.

Tipos de medidas planteadas en el proyecto

• Obligar a las empresas de servicios públicos domiciliaros a reponer la infraestructura o equipamiento dañado o hurtado en las 24 horas siguientes a la notificación del daño o hurto.

• Usar en la elaboración de elementos de infraestructura y equipamiento de servicios públicos componentes, materiales y diseños que no sean fácilmente susceptibles de aprovechamiento económico para prevenir hurtos y daños.

• Implementar un sistema de registro y seguimiento de los distintos elementos de infraestructura y equipamiento de servicios públicos.

• Prohibir que las empresas de servicios públicos le cobren en sus tarifas los valores derivados de la reposición de elementos de infraestructura hurtados o dañados, los pagos por indemnizaciones, o las multas impuestas por incumplimiento de manutención de la infraestructura. Tampoco podrán incluirlos en sus gastos operativos o administrativos con fines tributarios.

• Mantener una vigilancia permanente al exigir de parte de las distintas entidades un informe trimestral del equipamiento e infraestructura de los servicios públicos a la Superintendencia de Servicios Públicos y las Oficinas de Planeación.

• Exigir a las entidades prestadoras de servicios públicos el realizar una revisión periódica de equipos e infraestructura para identificar situaciones que impliquen riesgo a la vida o la integridad de las personas.

• Imponer el deber de denunciar situaciones de hurto o daño que pongan en riesgo la vida e integridad física de las personas.

• Establecer un nuevo agravante punitivo para el homicidio culposo a causa de hurto o daño en infraestructura y elementos de servicios públicos.

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