Mineducación ordenó cerrar la Universidad Indígena Intercultural de Colombia

La entidad encontró que la UNICJAO, ofrecía servicio público de educación superior sin autorización.

Además del cierre, el Ministerio de Educación le impuso una sanción económica a UNICJAO, por 300 salarios mínimos, lo que equivale a 193.305.000 millones de pesos.

Las sanciones también recaen sobre el representante legal de la universidad, Elías José Villalba González, en su calidad de rector, presidente de la Junta Directiva y representante legal, por el monto de 80 salarios mínimos, que ascienden a 51.548.000 millones de pesos.

La decisión se tomó porque la institución ofertó y desarrolló el servicio público de educación superior sin autorización legal, como explicó la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, quien señaló que "la UNICJAO no cumple con los requisitos para lo creación de una IES indígena, no cuenta con los registros calificados correspondientes para ofrecer o desarrollar el servicio educativo, exigencia que aun siendo indígena debe cumplir y ha ofrecido por diversos medios publicitarios –internet, brochures y otros-, programas académicos de Medicina, Derecho, Trabajo Social y Psicología, incluso ha llegado a ofertar maestrías y doctorados, sin contar el registro calificado respectivo".

La institución tiene su sede en Montería y cuenta con alrededor de 732 estudiantes, a quienes no se les podrá otorgar un título legítimo, ni tarjeta profesional o registro profesional por cuanto no tiene la autorización legal para prestar el servicio de educación superior.

Una de las situaciones más graves es que el Ministerio comprobó que la universidad y sus directivos se lucraron en perjuicio de los estudiantes y sus familias, con el dinero que recaudaban por programas que no estaban autorizados para ofrecer.

Soportado en la Ley de Inspección y Vigilancia, el Ministerio de Educación Nacional ordenó desde el pasado 27 de julio de 2015 la cesación de actividades de la UNICJAO, lo cual no fue acatado, por tanto además de las sanciones económicas ya ordenadas, si la universidad persiste en ofrecer el servicio, se le impondrán multas sucesivas de 400 salarios mínimos equivalentes a 207.740.000 millones de pesos, por cada quincena de incumplimiento a la orden de cesación de la actividad ilegal, lo cual será verificada por el Ministerio.

En el caso del representante legal, se aplicarán multas sucesivas de 100 Salarios mínimos, que corresponden a 64.435.000, por cada quincena de incumplimiento a la orden de cesación de la actividad ilegal.

El Ministerio compulsó copia de la resolución de sanción a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue si la conducta de UNICJAO tiene alcances penales. De igual forma se ofició al ICETEX para que inicie el proceso de cobro coactivo de las multas impuestas a UNICJAO y a su representante legal.

“El Ministerio de Educación Nacional, realiza una vigilancia constante del sector educativo para evitar que se presenten actuaciones ilegales por parte de personas que ofrecen y/o desarrollan el servicio público de educación superior, sin las autorizaciones respectivas, abusando de la buena fe de los estudiante quienes confían en instituciones que aparentan legalidad”, señaló la viceministra.

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