Los estratégicos cambios en la sala Disciplinaria de la Judicatura

Con la renuncia del entonces presidente de la sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Osuna, quedó una vacante que no había sido llenada, porque se trataba de una falta absoluta y para esas situaciones se había establecido que era el nominador, en este caso el Congreso, quien debía nombrar.

Sorpresivamente la semana anterior la sala designó un titular para el cargo. La suerte le correspondió a Martha Patricia Zea, quien trabajaba en el despacho de la magistrada Julia Emma Garzón, y cuyo nombre ha sido mencionado en el escándalo del carrusel de pensiones en la Rama Judicial.

La llegada al cargo de la señora Zea puso punto final a los contratos de 5 auxiliares de laboraron con Osuma, quienes por mandato de la sala seguían trabajando con otros despachos o en otras funciones, como por ejemplo el conductor quien fue asignado a la fotocopiadora.

Fuentes aseguraran que las vacantes fueron distribuidas entre los otros magistrados de la sala, quienes de inmediato pensaron en los futuros nombramientos.

Aunque la semana anterior renunciaron el presidente de la Judicatura, Wilson Ruiz, y el magistrado Angelino Lizcano, al parecer sus colaboradores seguirán enganchados. Esta dimisión a sus cargos tendría origen en su aspiración a ser elegidos Procurador General y Defensor del Pueblo, respectivamente.

Se dice que en la Judicatura están haciendo cuentas de que antes de un año o año y medio el Congreso no habrá expedido la ley que señala de forma taxativa cómo debe ser la elección de los nuevos magistrados que integren la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Una situación similar estaría pasando con las dos vacantes que dejaron en la sala Administrativa los fallos del Consejo de Estado que anularon las elecciones de Francisco Ricaurte y Pedro Munar, por la llamada puerta giratoria.

Sus reemplazos los debería nombrar la Corte Suprema de Justicia, que fue su nominador, y que tomó la decisión de no designar a nadie.