Paz: un antes y un después (¿posible?)

Bogotá

La firma de los acuerdos en materia de justicia con las Farc es el paso más importante para llegar al fin del conflicto, el punto más lejano al que ha llegado el Estado con la insurgencia en décadas de intentos de paz, pero al mismo tiempo está en el punto más distante del proceso con la opinión. Lo es desde cuando empezó la negociación y lo será hasta cuando quede claro que habrá castigos y verdad, pero no el tipo de castigo al que está acostumbrada la gente cuando reclama justicia para el que secuestra, mata, viola extorsiona o se roban los recursos del Estado.

El sistema de justicia especial –sistema de penas alternativas o justicia transicional—que las dos partes han puesto bajo el paraguas de una Jurisdicción Especial para la Paz, ha sido considerado no solo histórico, un antes y un después, sino un trabajo de relojería que lleva desde mayo de 2014, pero a la vez es tan complejo que tiene piezas sueltas que solo podrán ajustarse solo al final del acuerdo, en marzo, si se cumplen los plazos anunciados.

El tan esperado y tan especulado tema de justicia parece tener más logros de los que esperaban los que han apoyado el proceso y menos concesiones a las Farc de las que aventuraban sus opositores: habrá cárcel, pero no pabellones de alta seguridad; habrá amnistía, pero no para delitos atroces; la verdad (posible) será clave: a más verdad –lo dice el ex magistrado Juan Carlos Henao—menos sanción, pero a menos colaboración, menos beneficios extramurales; habrá procesos para todos los que han tenido que ver con el conflicto, guerrilleros, militares y civiles que han ayudado de alguna manera; el delito de narcotráfico podría asimilarse a un delito político para beneficiar a decenas de guerrilleros, pero está por verse cómo quedará la ley que lo reglamente.

Esto es lo que conocen los colombianos del resumen del comunicado oficial, pero falta aún la letra menuda. Pero independientemente de esos detalles, que son importantes, hay una serie de elementos y efectos que ha generado el acuerdo y que le dan un soporte fundamental: se cuida de no evadir las normas de la Corte Penal Internacional (CPI) en la medida en que castiga delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; la Farc revisan su inmodificable posturas de no someterse a sanciones de un tribunal estatal; lo pactado ya recibió la bendición de la comunidad internacional, incluidos EE.UU. y la CPI y tal vez algo que tiene que ver con el futuro inmediato del proceso: las dos partes se fijan la fecha de marzo de 2016, para firmar los acuerdos.

Pero así como no hay acuerdo perfecto, y este no lo es, tampoco hay gente contenta ni la habrá así extraditen al secretariado de las Farc. El peor enemigo que tiene el proceso ya no es el tiempo, como lo creía hasta hace poco el gobierno, sino la manipulación sin argumentos sólidos de parte de un sector que por razones válidas ha decidido cuestionar las negociaciones de La Habana. Y el peligro ya no es porque puedan hacerle daño a las negociaciones sino al punto definitivo de todo el proceso: la refrendación popular. Sin ello, sin una jurisdicción especial para la reconciliación, sencillamente no habrá paz.