Más de 40 inocentes fueron capturados en el caso Galán
Piden investigar a alias Popeye y Ernesto Báez por falso testimonio
Colombia
En la decisión de llamar a indagatoria a toda la cúpula de la Policía Cundinamarca para la fecha del magnicidio de Luis Carlos Galán, se conocen más detalles del caso que hasta el momento sólo fueron de conocimiento de los investigadores y los principales implicados.
Los Esmeralderos
Uno de los escoltas y hombre de confianza del fallecido Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, fue para la Policía una ficha clave a la hora de dar con los sicarios que dispararon en contra de Galán.
El ahora testigo reconoció en las imágenes de los medios, que uno de los sicarios cargaba una pancarta el día de los hechos, sicario que según sus declaraciones era de la organización criminal de Gonzalo Rodríguez Gacha alias el Mexicano, con quien Carranza ya tenía cazada una disputa territorial, para impedir el paso de droga por el departamento de Boyacá.
La casa Castaño
Los hallazgos de la Fiscalía a través de declaraciones de implicados y testigos permitieron establecer que para el magnicidio del líder liberal, hubo un pacto criminal que incluyó al cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar y Rodríguez Gacha, con paramilitares del Magdalena Medio y la llamada Casa Castaño.
Según la Fiscalía es claro que el objetivo de esta alianza era sabotear las pretensiones del candidato presidencial, que abiertamente manifestó su apoyo a la extradición de narcotraficantes.
“Con su poder económico, sicarios, armas y los más avezados conocimientos de guerra sucia, conestaron la parte ideológica y operativa del crimen, lo cual unido a los intereses políticos que reinaban en el momento, encontraron el escenario perfecto para cegar la vida del senador y candidato presidencial”, señala la decisión de la Fiscalía.
Policías celebraron muerte de Galán
Un uniformado en retiro y que sirvió como testigo para vincular a varios oficiales en el magnicidio, aseguró en declaraciones rendidas a la Fiscalía que algunos de sus compañeros en la estación de Policía de Soacha, al observar las noticias y confirmar la muerte del candidato, celebraron con trago el crimen.
“Por fin cayó ese hijo de puta (sic) y acto seguido se entraron a la oficina del F2, tres oficiales destaparon una botella de whisky y se pusieron en forma de brindis”, dice el testigo en las declaraciones que rindió.
Las versiones del testigo fueron contrastadas y luego ratificadas, lo que llevó a la Fiscalía a vincular a un teniente a la investigación.
El plan para desviar la investigación
Para la Fiscalía son muchas las circunstancias que llevan a interpretar que desde ocurrido el magnicidio, existió por cuenta de oficiales de la Policía un plan para desviar el caso y desvirtuar la participación de agentes del Estado.
Uno, la alteración de minutas de vigilancia en la estación de Policía en Soacha; dos, presión y amenazas a testigos del caso; y tres, la destrucción mediante incendio de los archivos físicos en la Policía, correspondientes a los años 1989 y 1990, según los testigos por orden de la dirección general de la institución para la fecha.
De ahí el llamado a indagatoria al general en retiro Osca Peláez Carmona, como director de la Dijin, para que explique sus actuaciones y órdenes al momento dar con los autores del asesinato de Galán.
Los inocentes
Desde ocurrido el magnicidio, la Fiscalía calcula en sus informes que un promedio superior a las 40 personas fueron capturadas arbitrariamente, sin pruebas y sometidas a maltratos a través de diligencias ilegales de allanamientos que luego resultaron ser un error de la justicia, todas recobraron la libertad y demandaron al Estado.
“Se dieron a la tarea de desplegar incontables actividades que conllevaron a las arbitrarias detenciones de ciudadanos que sin fundamento alguno terminaron privados de la libertad… todos los cuales resultaron inocentes recobrando su libertad en instancias, fechas y épocas desatándose en algunos casos condenas del Consejo de Estado”, otro aparte de la decisión de la Fiscalía.
Entre los inocentes capturados se cuentan los casos de Alberto Júbiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda y Norberto Hernández; a sus familiares la Fiscalía y la Policía pidieron perdón.
Las decisiones
Además de los generales y coroneles llamados a indagatoria, la Fiscalía remitió a la Unidad de Falsos Testigos de la misma entidad, informaciones que llegaron a la Procuraduría Distrital de Bogotá en las que acusan a Jhon Jairo Vásquez, alias Popeye, al abogado Rafael Murillo Guarnizo y Ernesto Báez, de incurrir en falsedades en sus declaraciones.
También y desde noviembre, se fecharon una serie de diligencias de entrevistas y ampliación de declaraciones de testigos e implicados en este caso, diligencias que van hasta febrero del próximo año.
