Advierten presuntas irregularidades por $81.000 millones en línea 123

La Contraloría de Bogotá determinó hallazgos fiscales posible apertura de procesos por 81.000 millones de pesos, relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de la línea de emergencias 123, en la capital del país

El primer hallazgo, según el organismo de control, obedece al incumplimiento de un convenio, que tenía como propósito garantizar el funcionamiento de la línea y que se extendió por un periodo de 10 años

Sin embargo, después de ese periodo y de inversiones por unos 90.000 millones de pesos, se encontraron deficiencias relacionadas con la conectividad y la puesta en funcionamiento de subsistemas

El contralor de Bogotá, Diego Ardila, explicó que el contrato con la empresa Itelca, contemplaba la operación con ocho subsistemas y en realidad solo están funcionando dos, el de telefonía y computo

“Un subsistema muy importante para prestarle ayuda a alguien que esté con un celular pidiendo auxilio, es el sistema de georreferenciación. Ese subsistema no está operando desde hace mucho tiempo atrás”, dijo Ardila

El contralo distrital agregó que “para ese periodo, el contratista se comprometió a realizarle un mantenimiento al software de gestión por cuantía de 3.800 millones de pesos y la auditoría nos determina que esto no se ha realizado en debida forma”

Ardila manifestó que se encontraron, adicionalmente,  problemas en la modernización de la línea 123 y mayores pagos por el arrendamiento de la plataforma tecnológica

“Ese convenio existió desde el 2005 y hasta el 2014. En octubre se suscribe un nuevo convenio, en el que en la práctica vemos que se están pactando las misma obligaciones que estaban suscritas en el anterior pero que no se realizaron”, indicó. A su vez, el concejal Javier Palacio denunció que la administración Distrital no tuvo en cuenta la Ley 80 de contratación para adjudicar el millonario contrato por 15.000 millones de pesos a la ETB, sino que a una misma empresa la contrató como proveedor y auditor de la plataforma de servicios del NUSE y que la empresa que provee las cámaras de seguridad, es la misma interventora del proyecto

“Esa empresa que es de 500 cámaras es la interventora y también tiene que decir si son modernas o no. Es un contrato de yo con yo y me verifico yo con yo. No sacan los procesos a licitación pública y lo que vemos es que se volvió un fortín para establecer burocracia”, dijo el cabildante

Frente a estas situaciones, la secretaria de Gobierno Gloria Flórez, aseguró que no se permitirá ningún acto de corrupción

“Tenemos la información que la empresa a la que se le adjudicó la interventoría para la plataforma tecnológica, a su vez tiene contratos con el Fondo de Vigilancia para Cámaras. El Distrito está en este momento, por orden del Alcalde en denuncia penal para que se esclarezca porque no vamos a tolerar ningún acto de corrupción en la administración Petro”, dijo la funcionaria.