Ordenan a FF.MM. respetar derechos de indígenas tras tutela de base militar

Mediante fallo de tutela el Tribunal Administrativo del Cesar, ordena a las Fuerzas Militares respetar y garantizar los derechos fundamentales de la comunidad indígena Arhuaca, vulnerados hace más de 50 años con la instalación de una base militar y la explotación comercial de antenas de comunicaciones en el cerro El Alguacil en medio de su resguardo

El Tribunal Administrativo del Cesar ordenó al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y la Brigada Blindada de Valledupar adelantar el proceso de consulta  con los indígenas arhuacos, para establecer el impacto que la construcción y operación de una  base militar, al igual que la explotación comercial de antenas de comunicaciones en el cerro El Alguacil en medio de su resguardo, ha causado o pueda llegar a causar sobre el territorio ancestral de esa comunidad

Igualmente ordenó, entre otros, a la dirección de Asuntos Étnicos del Incoder revisar las irregularidades del proceso de titulación de tierras, que conforme a las denuncias hechas, se han presentado y adopte las medidas necesarias para formalizar la titularidad de los predios que las comunidades indígenas reconocen como ancestrales

El Tribunal tuvo en cuenta, dentro de sus consideraciones, los antecedentes que evidencian cómo las comunidades arhuacas han sido afectadas por homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por los actores armados ilegales y por miembros de la Fuerza Pública. Los asesinatos que han ocasionado las acciones insurgentes y contrainsurgentes de líderes, desapariciones, quema de viviendas, desplazamientos y reclutamientos. La comunidad que también ha sido afectada por la presencia de las Fuerzas Armadas en sus territorios y en la vida comunitaria

Según el diagnóstico de las autoridades del pueblo arhuaco presentado a la Corte Constitucional y las diferentes autoridades del país, en el ámbito de los derechos humanos, los hechos de mayor gravedad y recurrencia que han golpeado a esta etnia son: el despojo del territorio tradicional por los grupos armados ilegales; la presencia de grupos armados en su territorio, y control basado en la intimidación; la restricción alimentaria, apropiación de los alimentos, productos agrícolas y ganado de los indígenas por parte de los grupos armados, que generan inseguridad alimentaria y un mayor recurso a la cacería, afectando el medio ambiente; el irrespeto a las autoridades indígenas e imposición de pautas de comportamiento o restricción de las prácticas propias por los grupos armados; los asesinatos selectivos de autoridades tradicionales arhuacas, en particular denunciaron una serie  crímenes que habrían sido cometidos por las Fuerzas Armadas y que sigue en la impunidad; los asesinatos de indígenas arhuacos por señalamiento, en el marco del conflicto, por las tres partes enfrentadas; la restricción de la movilidad, intimidación de la población y riesgos generados por la presencia de actores armados en la Sierra, con porte de armas y uso del territorio para secuestros y los bombardeos por el Ejército en territorio indígena en desarrollo de operaciones contrainsurgentes, que han afectado sus asentamientos

La acción de tutela que motivó el pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Cesar fue instaurada por la Fundación Misión Colombia, la misma que hace dos años logró el reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Parque Tayrona. Con la demanda se denunciaron los abusos a los que han sido sometidos los indígenas arhuacos por parte del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, ante la ocupación violenta y abusiva de sus territorios ancestrales, ubicados en el cerro “Alguacil”, sin que autoridad alguna haya hecho algo para detenerlo

Se puso en conocimiento a los Magistrados que desde el año de 1962 el cerro viene siendo explotado comercialmente mediante la instalación de antenas de comunicaciones y datos, distintas a las de uso militar, y por las que las FF.MM cobran arriendos y derechos para el uso de los territorios sagrados indígenas sin que éstas fueran consultadas. Evidenciándose la explotación de estos territorios con más de 480 antenas de uso civil que con la protección de unidades militares de la Décima Brigada Blindada de Valledupar garantizan un negocio mimetizado bajo la cubierta de ser de “Seguridad Nacional”.