Farc deben poner fin a reclutamiento de menores: Ordóñez
El procurador destacó el anuncio de la guerrilla, pero asegura que es una medida insuficiente.


Aunque el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dice que es insuficiente el anuncio de las Farc sobre dejar de reclutar menores de 17 años, también aprovecha para destacarlo, pues considera que se trata de un avance por parte del grupo nsurgente hacia el cumplimiento de las normas de Derecho Internacional Humanitario. El jefe del Ministerio Público señala que la guerrilla deben poner fin inmediato a este crimen de guerra, a la vez que considera que las Farc debe entregar al Gobierno Nacional la lista con los nombres de los niños que actualmente hacen parte de esa organización ilegal, y manifiesta que a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se deberá disponer la atención y protección a los menores que hagan parte del grupo insurgente
A propósito de día internacional del reclutamiento de menores, Ordóñez , recuerda que tanto las Farc como el Eln continúan realizando reclutamiento forzado de menores de edad en el territorio nacional, incluso destaca que este flagelo hace parte de los “25 mínimos” que deben cumplirse para que futuros acuerdos de paz sean sostenibles y cumplan con los estándares nacionales e internacionales de justicia. “Las Farc han tenido y aún tienen entre sus políticas el reclutamiento forzado de niños menores de 15 años de edad, lo que configura un crimen de guerra. Según un estudio de la Universidad Sergio Arboleda, dado a conocer por diferentes medios de comunicación, el 47 por ciento de este grupo insurgente es de integrantes reclutados forzosamente cuando eran menores de edad. En muchos casos, estos niños y adolescentes han sido víctimas de crímenes sexuales en las filas. En consecuencia, las Farc se convirtieron en victimarias hasta de sus propios miembros”, dijo el procurador
Por último menciona que por el reclutamiento los integrantes del secretariado y del estado mayor de las Farc enfrentarán investigación, juzgamiento y condena por parte la Corte Penal Internacional en caso de que no se someta en la justicia colombiana.




