Denuncian a ministros de Minas y Hacienda por supuesto desacato

Ante la Fiscalía General de la Nación el abogado Camilo Araque radicó una denuncia en contra de los ministros de Minas, Tomas González y de Hacienda, Mauricio Cárdenas,  por los delitos de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial porque el Gobierno sigue fijando el precio del combustible por decreto pese a que  en septiembre del 2014 una sentencia de la Corte Constitucional estableció que esa facultad es exclusiva del Congreso de la Republica."Desde que se emitió el fallo el ministro de Minas ha seguido ejerciendo una facultad que desapareció del ordenamiento jurídico y es por eso que el Gobierno, de manera superficial, ha mantenido fijando estos precios y además por eso hasta la fecha no tenemos una baja sustancial si no una baja producto del buen ánimo del Gobierno", explicó Araque

De acuerdo con el abogado, actualmente los colombianos están financiando el fondo de estabilización de combustibles el cual fue declarado inconstitucional

 "La Corte dijo que no se puede ahorrar en el fondo de estabilización de los combustibles y también dijo que no se podía fijar el precio de los combustibles y  esto ha sido burlado descaradamente por parte del Gobierno Nacional".  Entre tanto la denuncia penal fue radicada directamente en el despacho del fiscal general, Eduardo Montealegre y sumado a lo anterior Araque interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría General contra ambos ministros

  "Es que si  la Corte les quitó esa facultad por qué razón la siguen ejerciendo, las sentencias no se cuestionan, tampoco se les busca  interpretación, sencillamente se cumple, no se burlan y eso es lo que está pasando con el tema de los combustibles se está burlando del fallo

 Dentro de este proceso Araque solicitó que sean tenidas en cuenta como pruebas los actos administrativos con los que el Gobierno siguió fijando el precio del combustible desde que se emitió el fallo

 "Ahora el fiscal decidirá si llama no a interrogatorio a los ministros, pedimos que se envíe una copia de todos los actos administrativos de cómo se ha fijado el precio del combustibles desde que salió la sentencia de la Corte, con esas copias se van a dar cuenta que cada acto administrativo es prevaricato", puntualizó el abogado.