Centro Democrático suma 16 nuevas críticas al proceso de paz

En momentos en que el equipo negociador de los diálogos de paz con las Farc se dispone a aclarar las 52 críticas que publicó el uribismo la semana pasada a las negociaciones en La Habana, el Centro Democrático dio a conocer 16 nuevos puntos para un total de 68 reparos a los acuerdos con ese grupo guerrillero

Estos son las nuevas "capitulaciones de Santos a las Farc", como lo llama el Centro Democrático:(...)53. Se acepta que en el Fondo de Tierras para repartir se incluyan áreas dedicadas actualmente a la reserva forestal, que serían sustraídas de ese noble fin para destinarlas a la reforma agraria

54.  Los beneficiarios de la adjudicación de tierras serán escogidos por “la comunidad” (un eufemismo para encubrir los numerosos aparatos que tienen constituidos las FARC en todas sus zonas de influencia) misma, claro está. Con una condición que no es inocente: en este caso de reparto de tierras, como en el de programas de desarrollo y fomento, se priorizará, colocando en primer lugar las “zonas de conflicto”, que son las mismas que habitan las FARC, las mismas de las zonas de reserva campesina (ZRC), las mismas cocaleras

55. Concesión inaceptable al terrorismo. El acuerdo señala que en virtud de lo que se pacte, Colombia transitará “a un escenario en el que impere la democracia”. Esto es, en Colombia no impera la democracia y no imperará hasta que no se cumplan los acuerdos. En su lógica perversa el problema no son los daños que las organizaciones terroristas le provocan a la institucionalidad, sino las limitaciones y trabas de nuestro Estado para la participación política de las organizaciones y movimientos contestatarios, lo que ha explicado su enfrentamiento violento con el establecimiento

56. En el tema de la violencia, a fin de eximir a las FARC de su responsabilidad histórica en su gestación y prolongación, el documento señala que los acuerdos de La Habana conducirán a  “la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos”. ¿Cuándo la violencia ha sido el método de acción política de “todos los colombianos” y no de unas minorías alucinadas? ¿Y por qué “dejación” de las armas y no entrega de las mismas? ¿Y “dejación de las armas” por parte de quién? ¿Por qué no se alude a las FARC?57.  El gobierno aceptó que una organización terrorista se transforme en partido político, sin haberse desarmado ni desmovilizado. Un partido así, con brazo armado, sería una afrenta para la democracia

58. Se acordó dotar esas nuevas colectividades políticas de medios de comunicación que ningún partido tiene en Colombia: “espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales”, financiación de “la producción y divulgación de contenidos”, abrir “nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto”, y “habilitar un canal institucional de televisión” para ellos

59.  Con las “circunscripciones especiales” a la Cámara se concede una gabela inconcebible. Los partidos de los alzados en armas podrán presentarlas a la vez en ellas y en los departamentos respectivos; y los electores de esas zonas podrán votar en las dos circunscripciones. Eso viola además el precepto universal de una persona, un voto

60.  Gravísimo. La mayor parte de este borrador –firmado en mayo- es una copia vulgar de dos documentos de las FARC, publicados varios meses antes del acuerdo sobre este punto. Uno sobre sustitución de cultivos ilícitos del 14 de enero (http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/1640-programa-nacional-de-sustitucion-de-los-usos-ilicitos-de-los-cultivos-de-hoja-de-coca-amapola-o-marihuana.html), y el otro sobre el tema del consumo de drogas del 24 de febrero (http://colombiasoberanalavozdelosoprimidos.blogspot.com/2014/02/tratamiento-del-consumo-de-drogas.html). Las coincidencias no son casuales ni menores. Es alarmante

61. El narcotráfico nunca fue política del Estado, ni de los gremios empresariales, ni de los partidos, para involucrarse y financiarse de ese negocio, y mal que bien los individuos han tenido sanción judicial cuando  han sido descubiertos. En cambio vincularse a fondo en el narcotráfico sí ha sido una decisión de la dirección de la guerrilla (como la utilización del secuestro, la extorsión, etc.), cumplida por décadas por todas sus cuadrillas, y no meros hechos excepcionales de algunos de sus miembros. Eso lo oculta el borrador

62. Se exculpa por tanto a las FARC por haberse convertido en narcotraficantes para financiarse, con la expresión engañosa de que “el cultivo, la producción y la comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno”. ¿Entonces ha financiado también a las fuerzas militares y al Estado, que en la concepción de las FARC y de Santos, son partes del “conflicto interno”?63. Con esa misma lógica el documento insiste varias veces en la necesidad de esclarecer “la relación entre paramilitarismo y el narcotráfico”, como parte de ese fenómeno, pero en ninguna parte se advierte la necesidad de estudiar y revelar la conexión entre la guerrilla y el narcotráfico. Concesión vergonzosa del gobierno

64. Está previsto que las FARC participen en todo el andamiaje de entidades y proyectos destinados a la erradicación y sustitución de cultivos, al mismo nivel que las “comunidades” y el Estado. Sin tener que entregar los bienes y dineros acumulados en el narcotráfico, entregar rutas y laboratorios, etc. Inaudito

65. Las FARC logra introducir en el acuerdo que las relaciones que “hubiesen” tenido con el narcotráfico fueron “en función de la rebelión”. Por ende el gobierno acepta que la vinculación de las Farc con el negocio del narcotráfico puede considerarse un delito “conexo” con el de “rebelión”, es decir con el “delito político”, o que puede “subsumirse” en éste, y por tanto ser objeto de indultos o amnistías. Esto es coincidente con lo que contempla el Marco Jurídico para la Paz, que no lo excluye de los delitos que pueden considerarse “conexos” con la “rebelión”

66. En consecuencia, el acuerdo blindaría a las FARC contra la extradición que, como se sabe, no procede el caso de “delitos políticos” o “conexos”

67. Desminado. Lo que se convino es un programa de desminado financiado y desarrollado totalmente por el gobierno. Las FARC no reconocen ninguna responsabilidad específica en el problema, y quedan colocadas al mismo nivel que la contraparte en su adelantamiento, pues este  “es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP por diferentes medios y en lo que corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información”. Desde hace años las fuerzas militares de Colombia no usan esas minas, y retiraron todas las que habían colocado en el territorio nacional. ¿Entonces cómo es que la “información” al respecto debe ser proporcionada según “corresponda a cada cual”? Otra manera de exculpar a las FARC, que en este acuerdo son las únicas que tienen inundados de minas antipersonas vastas zonas del país

68. Legalización. El acuerdo termina con la convocatoria de una conferencia internacional sobre el tema de las drogas ilícitas. Su propósito es, sin duda, avanzar en la estrategia de legalización de las drogas, que comparten las FARC y el gobierno de Santos, como lo han expresado en distintos escenarios. Con la carnada de “reflexionar”, “hacer una evaluación objetiva de la lucha contra las drogas” (que los dos afirman que ha fracasado), y “avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender”, teniendo en cuenta “los nuevo desarrollos internacionales en la materia”, se esconde la propuesta inequívoca de legalización. Lo demás son palabras necias para tratar de engañar incautos.